Cada vez menos sustento para sostener la “emergencia económica”

Se siguen pagando los sueldos en tiempo y forma, se continúa con el pago a los proveedores y no se han generado medidas tendientes a mejorar las arcas municipales. Además tras el fallo de la Corte Suprema de la Nación, la ciudad recibe 18% más de fondos coparticipables. Pidieron 21 millones pero la provincia les dio solo 2 y pudieron afrontar igual todos los compromisos.

Semanario Reconquista – El polémico decreto sancionado por el intendente de la ciudad de Reconquista, Enrique Vallejos, sigue perdiendo sustento día a día y se convierte cada vez más en una excusa para generar movimientos económicos sin control y la excusa perfecta para despedir personal y hacer espacio para los puestos comprometidos en la campaña y que lograron sostener una falsa unidad del peronismo.

Una emergencia económica se declara cuando un estado necesita generar tiempos para afrontar los compromisos y es una medida extraordinaria que ayuda a obtener ingresos con medidas particulares para poder afrontar las obligaciones.

Tras 50 días de gestión, vale recordar que Vallejos ya había hablado de la posibilidad de declarar la emergencia económica un mes antes de asumir porque no quería correr con el costo político de aumentar los impuestos mediante el coeficiente que él mismo había pedido derogar, aún no se ha podido justificar la emergencia económica porque no hubo verdaderos sobresaltos económicos en la administración.

Con los sueldos de los empleados pagados al día, y tras haber pasado el mes más complicado que es Diciembre por el aguinaldo, el gobierno se encamina a generar ingresos records en medio de una emergencia económica, algo realmente ilógico.

A pocos días de haber asumido, el nuevo Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Reconquista, Ignacio Correa, realizó una conferencia de prensa para anunciar el “preocupante” estado de las arcas municipales y advertía que el intendente tenía sobre su despacho la recomendación para declarar la “emergencia económica” que había anunciado antes de conocer los números reales del municipio. O sea, consiguieron mediante la auditoría de la Universidad Nacional del Litoral, la excusa perfecta para llevar adelante el plan que tenían pensado.

En esa conferencia Correa contó que el gobierno municipal necesitaba “21 millones de pesos” solo para poder sobrevivir al difícil mes de diciembre por los 18 millones de pesos en deudas a proveedores que dejó la administración anterior y las obligaciones de aguinaldo y sueldo de diciembre.

El gobierno provincial realizó varias consultas con funcionarios y contadores de la ciudad, además de varias empresas, para analizar la situación y se decidió que de los 21 millones que pedía el gobierno solo le darían 2.

Esto representaba solo el 10% de lo que el gobierno había pedido como “salvavidas” pero pese al magro acompañamiento del gobierno provincial, se pudo pagar los sueldos y aguinaldo y comenzar a reparar la situación con los proveedores.

Además, vale remarcar que el gobierno provincial envió un adelanto de coparticipación y no un fondo no reintegrable. Esto significa que el gobierno utilizó la misma operatoria que se realiza todos los años para poder afrontar estas situaciones complejas. Este dinero deberá ser devuelto mes a mes hasta junio, cuando seguramente tengan que volver a pedir otro adelanto de coparticipación para afrontar el aguinaldo nuevamente.

Con solo el 10% de los fondos requeridos el gobierno logró solucionar la situación compleja, sin mencionar que está realizando gastos extraordinarios por la emergencia hídrica, que consumió ya unos 2 millones de pesos en atención a los evacuados.
Esto claramente demuestra que todo el apoyo que dio el gobierno provincial al municipio solo fue para paliar la emergencia hídrica y no la económica.

Cada vez queda más claro que la decisión del gobierno municipal era declarar la emergencia económica para enlodar la salida de la gestión del Frente Progresista, Cívico y Social y como excusa perfecta para realizar despidos arbitrarios a personas vinculadas a “los jacintos”.

El gobierno municipal se muestra cada vez más acorralado por sus propias declaraciones y le cuesta horrores explicarle a la población la decisión de declarar la emergencia económica, principalmente porque pese a tener más de 100 personas evacuadas desde hace 40 días, se sigue afrontando las obligaciones en tiempo y forma.

El intendente declaró la “emergencia económica” por decreto siendo esto absolutamente “inconstitucional y arbitrario” porque toda emergencia debe ser sancionada por el órgano legislativo, es decir el concejo municipal en el caso de un municipio.

La única emergencia que puede ser declarada por el intendente es la hídrica, porque es algo que ya fue acordado tiempo atrás por los concejales y le dieron algunas herramientas para que el gobierno pueda maniobrar con autonomía en caso de una lluvia de gran magnitud y la consecuente necesidad de disponer de personal, maquinaria y recursos para enfrentar la situación.

En toda otra emergencia, cualquiera fuera, el tema debe pasar obligatoriamente por el cuerpo legislativo pudiendo generar algunas consecuencias legales por el manejo arbitrario de los fondos públicos con la metodología actual.

Finalmente vale decir que la emergencia declarada por el primer mandatario de la ciudad dura hasta fin de 2016, algo que generó dudas, a propios y extraños, desde el primer momento en que se conoció el decreto.