Paoletti comparó la “emergencia económica” con los ’90

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El Concejal del Frente Progresista, Cívico y Social entiende que la medida regresa a las ideas neoliberales de los años ’90.

Volver al pasado:

Emergencia económica y achicar el Estado, conceptos que nos regresan a las ideas neoliberales de los ‘90.

 

El Estado y su constante transformación:

La sociedad podría ser comparable a un partido de fútbol, donde el pueblo o los ciudadanos son los jugadores. Los mismos están situados en un determinado campo de juego o cancha que vendría a ser el territorio. A su vez, para evitar un caos, se dan reglas de juego mediante un reglamento, que serían las leyes. Estas son aplicadas por árbitros (que representan a las nomas pero que no son la ley), y en el caso de la sociedad estos representantes vendrían a ser los gobernantes. Este conjunto o estructura conforma lo que conocemos como Estado.

Dentro de los niveles del Estado nos encontramos con el primario o Municipio; el que Aristóteles definió como “La primera comunidad a su vez que resulta de muchas familias y cuyo fin es servir a la satisfacción de necesidades que no son meramente las de cada día, es el Municipio”[1]

Los Estados se dan forma y van mutando durante el paso del tiempo, adaptándose tanto a las realidades internas como externas (más aun hoy que vivimos en lo que se ha dado a llamar globalización).

Tengamos presente que en Argentina hemos pasado de un modelo agroexportador (1880-1930) donde el Estado era mínimo “Estado gendarme”, a una Etapa de un Estado intervencionista (de la economía) denominado como “Estado de bienestar” (que en algunos casos derivo en Estados totalitarios), para volver a un Estado mínimo a fines de la década del 80 y principio de los 90. En 1989 se sancionan las leyes de Emergencia Económica (ley 23.697) y de Reforma del Estado (ley 23.696). Mediante la ley 23.696 se declaró también la Emergencia Administrativa[2] y se aprobó el programa de racionalización del sector público empresario, autorizando mediante el mismo, con amplias facultades, al Poder Ejecutivo Nacional –PEN- a intervenir las Empresas del Estado para reestructurarlas. Es así que se autorizan las privatizaciones: concesiones, licencias y autorizaciones (privatizaciones propiamente dichas); y las provincializaciones de ciertos servicios y competencias. Conservando así el Estado solo la competencia residual. Asimismo, la norma preveía que el mismo Estado asumiese el pasivo de la empresa estatal a privatizar.

Al día de hoy, todos sabemos que estas privatizaciones carecieron del correcto control. La norma marco del programa de privatización permitió al PEN usar los procedimientos que considerase más convenientes para obtener el fin. Una idea que nos lleva al pensamiento de Nicolás Maquiavelo y a que “el fin justifica los medios” (frase que nunca dijo y pensamiento emparentado con el neoliberalismo y los 90).

Achicar el Estado (sin ningún plan ni respaldo):

Es necesario tener al menos cuidado cuando hablamos de “achicar el Estado”, porque esa fue la política neoliberal que hoy padecemos y a la que nadie se anima a decir que desea retornar (de hecho, es usado como propaganda negativa contra algunos políticos).

Es por ello, que una política municipal actual mediante la cual se pretende declarar una emergencia económica (mediante un decreto a todas luces nulo desde el punto de vista técnico y jurídico), y el uso del mismo para justificar la desvinculación de la planta de agentes municipales de ideología diferente a la actual Administración, nos retrotrae a una historia no tan distante.

Acordamos por completo de que la salida no es generar un Estado que pase a ser una bolsa de empleo, no obstante tampoco deseamos una Administración que brinde eterna ayuda social a cambio de nada. Ante la falta de demanda laboral en el mercado privado, ha sido el Estado quien busco sanear la situación y no olvidemos que también con ello ha intentado aplacar el caos social (que claramente termina afectando, al menos de manera indirecta, a todos los estratos que componen la sociedad).

Es indudable la necesidad de sumariar y desvincular a todo aquel personal que incumpla con los deberes y obligaciones impuestos por las normativas (Estatuto del personal municipal y comunal – ley 9.286), o sea a los vulgarmente llamados “ñoquis”. No obstante, la salida no es desvincular al  trabajador (que cumple arduamente con sus tareas por el solo hecho de pensar distinto), sin respeto a la normativa vigente y, buscando cambiar trabajadores con distinta ideología política por aquellos que si responden a la del gobierno de turno. La salida se encuentra en intentar optimizar los recursos humanos (mediante constantes capacitaciones) reorganizándolos y buscando un municipio que brinde servicios con mayor eficiencia. Muchas veces escuchamos de la falta de recursos humanos ante el incremento de las actividades y servicios que debe proveer un municipio (ej.: seguridad, cultura, deportes o salud –competencia que la actual Administración ha decidido tomar). La mejora en la prestación de servicios es la clave, para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y para que los mismos procedan a abonar los tributos sin quejas por saber que el servicio por el cual pagan está funcionando.

Asimismo, y dentro de sus posibilidades, el Estado debe intentar generar el ámbito propicio para el crecimiento de la industria y la producción, provocando con ello una mayor oferta de empleo en el ámbito privado (con mejores sueldos) y donde el Estado no sea una alternativa a la falta de demanda de puestos de empleo -por parte del sector privado- sino una opción válida por quien desea realizarse en el ámbito público. 

 

Regularización laboral en Reconquista:

Ante la problemática post 90, los gobiernos locales debieron tomar cartas en el asunto, y específicamente el municipio de Reconquista (Santa Fe), decidió llevar adelante el “Programa para la recuperación de la Dignidad del Trabajo y la Erradicación de la Precariedad Laboral en el Municipio de Reconquista” (art. 2° Ordenanza 6.922/11). La citada normativa plantea la incorporación como agentes a personas vinculadas por diferentes modalidades –no efectivizados- que perduraron en el tiempo, y que “prestan tareas remuneradas en el Municipio de Reconquista, bajo cualquiera de las modalidades contractuales o planes sociales existentes…” (art. 7 Ord. 6.921/11). Es bueno señalar que se desconoce la existencia de algún proceso de similares características en el país, que pretenda dar orden y resolver una situación con la aceptación y madurez política que el presente otorga. Como ya lo he planteado, en una nota que analizaba la Ordenanza 6.921 (y para no ser reiterativo), poseo mis diferencias en relación a la herramienta utilizada, a su tecnicismo y a la discusión en cuanto a la juridicidad de la misma (ya que la misma omite el proceso de selección de personal previsto por la ley, el concurso); no obstante, no podemos desconocer que para llevar adelante dicho programa, la Ordenanza municipal fue sancionada con el consenso de todas las facciones políticas (siendo la misma votada por unanimidad, entre ellos por el actual intendente). Esta situación, muy difícil de lograr (por su entidad política), fue obtenida luego de un gran esfuerzo, por lo que se debe reconocer a su procedimiento como inédito y superador en la faz política con el único propósito de resguardar los derechos de los trabajadores, las personas y las familias que se encuentran detrás del mismo, las cuales no se preocupan de cuestiones políticas o jurídicas sino de su dignidad como trabajadores.

Atento a esto considero mi deber, como político y persona, respetar la misma y si la considero incorrecta plantear su derogación o modificación por la vía correcta (otra ordenanza), acompañándola de una propuesta superadora. De allí, lo preocupante de que el actual intendente  desconozca la vigencia y validez de una norma de la cual fue participe. Asimismo, tuvo la posibilidad de derogarla en los cinco años posteriores en los que continuó siendo concejal y durante los cuales no planteo en ningún momento que la misma sea invalida.

Es bueno aclarar también que el hoy intendente, estuvo representado todos los años en los diferentes pases a planta a través de la autoridad de monitoreo y seguimiento en el contexto de la implementación del “Programa para la Recuperación de la Dignidad del Trabajo y la Erradicación de la Precariedad Laboral en el Municipio de Reconquista” (art. 5 Ordenanza 6921/11), y jamás esgrimió diferencia, impugno ningún acta ni ningún decreto relacionado a la Ordenanza.

Sería hipócrita desconocer que la planta municipal (así como en gran parte de los municipios de nuestro país ante la realidad descripta) posee una planta compuesta por personal que comenzó como trabajadores de confianza de las distintas gestiones. No obstante ello, no es una situación solo de la actualidad, sino de varios años atrás y que justamente ha ido en detrimento. Los límites entre estos cargos –políticos o de conducción- y los demás son borrosos, ya que casi todas las designaciones son “políticas”[3].

No existe el “sueldo de por vida” como se pretende instalar en la opinión pública (como método para generar descontento y rivalidad con el empleado público); y que lamentablemente algunos funcionarios –que cayeron en la trampa- repiten sin tener reparo en la dignidad del trabajador del Estado. El empleo público goza de lo denominado como estabilidad propia que impide su despido sin justa causa (por sola decisión del representante de la Administración y obliga a la reincorporación), en busca de evitar arbitrariedades, pero nada impide que el mismo sea sancionado con cesantía o exoneración (art. 61 incs. c y b ley 9286 Anexo I) que importan la separación de la planta municipal. Para ello es necesario que exista causal, que implique la desvinculación y el proceso de sumario previo (que le garantice el derecho a ser oído).  Justamente “…la estabilidad de los empleados públicos fue entendida como la herramienta que impediría que los gobiernos de turno produjeran cesantías en masa, invocando excusas pueriles a efectos de nombrar a su clientela política…”[4] Se puede disentir con la institución mencionada, pero esta instituida por ley y por ello debe ser respetada, y de estar en descontento deberíamos intentar plantear su modificación.

 

La persecución y discriminación ideológica:

Es lamentable el doble mensaje que los políticos damos a la ciudadanía a la que pedimos participación política, cuando luego generamos “persecuciones ideológicas” y políticas. ¿Será que algunos pretenden ser los únicos, para evitar una competencia sana que los obligue a mejorar? Esta persecución se encuentra también en contradicción con otra normativa apoyada y votada el año pasado por el actual intendente (art. 3 Ordenanza 7.742/15) sobre discriminación ideológica. Demuestra todo esto la clara actitud discriminatoria, dado que como argumento para dar de baja a trabajadores puntuales (con diferencia ideológica a la Administración actual) se esgrime la falta de concurso. Esto es totalmente discriminatorio, ya que la totalidad de las personas ingresadas por el procedimiento del art. 6.921/11 ingresaron sin rendir concurso.

Amparan el derecho anti discriminatorio los principios constitucionales (art. 37 CN y art. 8 CPSF) y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo “Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (Entrada en vigor: 15 de junio 1960)”.

 

Inexistente Emergencia Económica:

Por último, el Departamento Ejecutivo Municipal intentó Decretar “Emergencia Económica” mediante un Decreto (726/15) completamente nulo por poseer un claro vicio en la “competencia”, ya que es el Honorable Concejo quien a través de una Ordenanza podría haber declarado tal situación, y obviamente no lo hizo (art. 55 Ley 2.756), por no existir fundamentos fácticos que sustenten tal situación. La Administración actual cuenta con un presupuesto, para el corriente año, de trescientos treinta y siete millones de pesos ($ 337.000.000), siendo la deuda –al final de la gestión anterior- con proveedores del cuatro (4 %), y gozando de todos los aumentos solicitados y vía coparticipación incrementados. Tampoco el municipio se encuentra en cesación de pagos, encontrándose al momento del cambio de gestión abonados la totalidad de los sueldos, las horas extras, las bonificaciones y las subrogancias, así como las leyes sociales. También  los camiones para la prestación de servicios se encontraban al día, y el pago de combustible para la prestación de los mismos revelaba un atraso de quince (15) a veinticinco (25) días (atraso del trámite administrativo). Por otro lado, la obra pública estaba prácticamente al día y con garantías de obras en ejecución o a ejecutar por más de quince millones ($ 15.000.000) en el presente año. Asimismo el decreto no prevé ninguna medida concreta para palear la situación careciendo el mismo de toda operatividad y siendo meramente declarativo (como si declarase el día de la batata).

Sumado todo esto a los grandes gastos en nuevo personal y propaganda política (que uno observa y no entiende en el supuesto marco de emergencia), y que ya se han realizado al poquísimo tiempo del comienzo de la gestión; me lleva a concluir o que dichos gastos superfluos no se deberían realizar (pensando en un buen porvenir) o que la emergencia económica carece de todo tipo de sustento, pareciendo la misma una maniobra regresiva al neoliberalismo de los 90 en el ámbito municipal.


 

[1] Aristóteles, La Política, Libro Primero, párrafo octavo, p. 38.

[2] Ley 23.696 – Art. 1° – Declárase en estado de emergencia la prestación de los servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la situación económico financiera de la Administración Pública Nacional…”.

[3] Introducción a la Administración Pública Argentina – Coord.: Horacio CAO, Editorial Biblos, p. 24.

[4] Gabriel Oscar Abad, Estatuto del Personal Municipal y Comunal de la provincia de Santa Fe, Ed. Librería Cívica, 2013, p. 56.