Las imágenes que podrían no existir si se aplica el protocolo antipiquetes

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Los crímenes de Kosteki, Santillán y Mariano Ferreyra fueron esclarecidos por el aporte de fotos y videos de la prensa independiente. Ahora, el Gobierno quiere “ordenar” la tarea de los periodistas con la excusa de proteger su integridad.

Infobae – Fueron crímenes que sacudieron hasta los cimientos al poder en la Argentina. Momentos que generaron una conmoción tan grande que hubo cambios políticos que no pueden entenderse sin las imágenes obtenidas por la prensa independiente. Son apenas tres ejemplos. Tres casos que expusieron el rol que pueden tener los medios de comunicación independiente cuando hacen bien su trabajo.

En 2001, el 19 y 20 de diciembre, con la represión brutal de la Policía alrededor de Plaza de Mayo; el 26 de junio de 2002, con los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, conocidos como la Masacre de Avellaneda; o el 20 de octubre de 2010, con la muerte de Mariano Ferreyra a manos de una patota sindical. La actuación de la prensa libre permitió que el material pudiera servir de prueba para llevar a juicio y hasta condenar a los responsables.

Fue una foto. Fueron varias fotos. Fue un video. Decenas de videos. Periodistas, fotógrafos, camarógrafos que trabajaron en la primera “línea de fuego” -literalmente- y que pudieron obtener un material que pasó de un diario o de un canal de televisión a una causa judicial y, de allí, por qué no, a la historia. Cayó un gobierno (el de De la Rúa), otro tuvo que irse antes (el de Duhalde), o alteró de manera rotunda la vida de un tercer presidente (Néstor Kirchner). “La bala que mató a Mariano Ferreyra rozó el corazón de Néstor Kirchner”, supo decir su hijo Máximo.

Esta actuación libre de los periodistas en las protestas sociales es la que viene a poner en entredicho y a cercenar el intempestivo “protocolo antipiquetes” que preparó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y que ya recogió el respaldo unánime de las asociaciones de periodistas profesionales de la Argentina. También, organizaciones defensoras de los derechos humanos cuestionaron la dudosa legitimidad constitucional de limitar la actuación de la prensa.

El punto polémico del protocolo dice: “La participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento”.

Para el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), “el texto es poco claro acerca del alcance de esta norma en relación al trabajo de los medios de comunicación, lo cual deja un amplio espacio librado a la aplicación de estas disposiciones, no establece qué podría ocurrir en caso de que un equipo de prensa no acate las órdenes coyunturales, ni determina quién las dispondría”.

“Este artículo podría significar un posible condicionamiento y un enfoque sesgado de las coberturas periodísticas si se obliga a medios a permanecer en un único espacio de trabajo. Más allá de destacar que los periodistas no deben obstaculizar los operativos de las fuerzas de seguridad, Fopea considera que ninguna disposición debe violentar el derecho a informar libremente, según la visión que cada medio tenga del conflicto que se desarrolle”, continúa la declaración.

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a los cuestionamientos a las restricciones al derecho de protesta, advierte que el protocolo “limita el ejercicio del trabajo periodístico y el efecto de control sobre los operativos policiales que puede tener al restringir el lugar en el que se deben ubicar los trabajadores de prensa que cubren la protesta. Todas estas regulaciones son contrarias a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta”.

La aclaración del Gobierno

Ante las críticas por el riesgo de limitación al derecho de informar, el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, trató de minimizar las restricciones, aunque ratificó que ese polémico punto del protocolo se mantiene.

“La prensa puede ejercer libremente su derecho y no hay coerción. Vamos a dialogar con asociaciones de periodistas para dilucidar esto. Queremos que hagan su trabajo sin que sean parte de la interrupción del tránsito. Vamos a hablar con todas las asociaciones que quieran hacerlo”, dijo el funcionario de Patricia Bullrich.

Finalmente, dijo que “no habrá corralito ni vallado”, pero al mismo tiempo ratificó: “Lo que no queremos es otros camiones (móviles de televisión) cortando también la calle, sino poder ordenarlos. Nosotros vamos a dialogar, por eso iniciamos una ronda de conversaciones”.