Investigarán al presidente del senado de Brasil en el caso de corrupción Petrobras

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La decisión del Supremo Tribunal de Brasil llega junto al testimonio de un nuevo testigo, que narra la versión en la que funcionarios brasileños estarían involucrados en un intercambio de sobornos por viabilizar una negociación en el país

El Supremo Tribunal de Brasil (STF) autorizó la apertura de una investigación contra el Presidente del Senado de Brasil, Renan Calheiros (PMDB-AL), para determinar si el parlamentario recibió sobornos para facilitar un negocio de la empresa estatal Petrobras en Argentina.

La decisión es del magistrado del Supremo Tribunal de Brasil, Teori Zavascki. La investigación se inició en diciembre, a petición de la Fiscalía General del Estado y es de carácter confidencial. Otros parlamentarios en la mira de la Justicia son el senador Jader Barbalho (PMDB-PA) y el congresista Aníbal Gomes (PMDB-CE).

De acuerdo con la información difundida por el diario brasileño Folha, Fernando Baiano (PMDB) es un nuevo testigo que ratifica denuncias anteriores ante la Justicia sobre una operación de sobornos que permitió viabilizar la adquisición de la empresa brasileña Transener -perteneciente a Petrobras- por parte de la compañía argentina Electroingeniería.

Estos avances se dan en el marco del “Lava Jato”, considerado la mayor operación judicial anticorrupción en la historia de Brasil, que tiene en vilo a numerosas empresas, medio centenar de políticos, así también como al ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

Tal como publicó Infobae el miércoles 10 de febrero, en Argentina el fiscal federal Gerardo Pollicita abrió una investigación penal para determinar si el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido participó del pago de una coima para la venta de una empresa de energía a manos de una compañía ligada al kirchnerismo.

Fuentes judiciales informaron que el fiscal dio curso a una denuncia que presentó la diputada nacional Elisa Carrió y le solicitó al juez federal Sebastián Ramos una serie de medidas de pruebas para comenzar la investigación.

Pollicita pidió investigar “las presuntas maniobras ilícitas que habrían tenido lugar a fin de concretarse la adquisición de la empresa Transener por parte de la empresa Electroingeniería”.

Carrió denunció en enero que dos implicados en el escándalo de corrupción de Petrobras, una causa que tramita en Brasil y en la que está acusados y detenidos funcionarios públicos, declararon que De Vido presionó y gestionó el pago de una coima para que Transener, perteneciente a Petrobas, quede en manos de Electroingeniería, una compañía ligada al kirchenrismo.

Uno de ellos Néstor Cerveró, ex director del área internacional de Petrobras y condenado a 12 años de prisión, y el empresario Fernando Soares. Ambos declararon ante la Justicia de Brasil que en 2007 se pagaron 300 mil dólares de coima por esa venta.

Por esa maniobra, Ceveró involucró a De Vido y a Roberto Dromi, ex funcionario de Obras Públicas del gobierno de Carlos Menem. Declaró que cobró 300 mil dólares por la venta y que la mayor parte de la coima quedó en Argentina.

“El ministro Julio De Vido me convocó personalmente a su gabinete y determinó que sólo podríamos venderla para Eletroingeniería, empresa amiga”, declaró Ceveró.

En su testimonio, Ceveró también dijo que Petrobas pagó sobornos para comprarle en 2002 Transener a la compañía Pérez Companc.

Según la denuncia y la declaración de Ceveró, Petrobras ya había acordado la venta de Transener a la compañía estadounidense Elton Park hasta la intervención de De Vido.

El ex ministro de Planificación Federal negó las acusaciones. “Lo que hicimos fue hacer cumplir las leyes nacionales y evitamos la integración monopólica y abuso de posición de dominante por parte de Petrobras”, dijo De Vido en su cuenta de la red social Twitter.

De Vido reconoció reuniones con Ceveró en “encuentros institucionales” y sostuvo que el empresario nunca le planteó irregularidades.

Para comenzar la investigación, el fiscal Pollicita le pidió al juez Ramos que le pida a la Justicia de Brasil copias de las declaraciones de Ceveró y de Soares y que Electroingeniería remita toda la documentación sobre la compra de Transener.