Galassi a favor de que los jefes policiales cuenten con aval legislativo

El presidente del bloque socialista en la Cámara baja santafesina está de acuerdo en que Diputados y Senadores opinen sobre quiénes deben estar al frente de las fuerzas de seguridad en la provincia. Además, reiteró que la Nación debe ocuparse más en combatir el narcotráfico que en regular la protesta social.

La decisión que tomó el gobernador Miguel Lifschitz para que los legisladores provinciales opinen sobre los comisarios que fueron seleccionados para ocupar los máximos cargos en la Policía de Santa Fe recibió el visto bueno del bloque socialista de diputados. Así lo dio a conocer el presidente de ese sector parlamentario, Rubén Galassi, quien en diálogo con la prensa no solo valoró el planteo del Poder Ejecutivo local sino también cuestionó a la Nación por su falta de políticas públicas concretas para combatir el narcotráfico.

El legislador socialista calificó como “muy positiva” la autolimitación que se impuso por decreto el gobernador para la elección del jefe de Policía, Luis Bruschi, y del subjefe José Luis Amaya. “Sin resignar del todo esa facultad, porque en definitiva es el primer mandatario el que designa al jefe de la Policía, lo que hizo fue enviar los pliegos con todos los antecedentes de los propuestos a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura (integrada por ocho diputados y cuatro senadores) para que emitan una opinión”, explicó Galassi.

En ese sentido, también aclaró que “en caso de que haya una observación” sobre Bruschi y/o Amaya “el Poder Ejecutivo la puede considerar y remitir otros nombres si las opiniones (negativas) son de tal contundencia que sea conveniente no designar a estos jefes o eventualmente contestarlas si no tienen mayores fundamentos”. El decreto Nº 507, firmado por el gobernador, establece que la Comisión de Acuerdos de la Legislatura tendrá 10 días corridos para que formule las observaciones que estime necesarias.

“Comprometer al Poder Legislativo en un tema tan importante como la seguridad pública, porque estamos hablando del jefe de Policía, es un paso trascendente que nosotros valoramos y que tiene que ver con un planteo que había hecho el gobernador en la campaña”, agregó Rubén Galassi. A su vez, le restó importancia a las críticas que surgieron desde algunos sectores de la oposición porque advirtieron que el mecanismo resuelto por la Casa Gris para la selección de la conducción policial no tiene ninguna validez constitucional ni legal, sino que es una mera opinión no vinculante.

“El Poder Legislativo tiene muchas facultades establecidas por la Constitución, que es básicamente, determinar el andamiaje jurídico, aprobar la mayoría de las leyes que nos rigen en la vida cotidiana a los santafesinos, pero también tiene como facultad comprometerse a partir de opiniones (…). Son posiciones institucionales y políticas que de alguna manera marcan la mirada de la Legislatura al respecto. Yo creo que el gobernador habilite a la opinión de la comisión de acuerdos, es un hecho trascendente”, contestó el diputado del Frente Progresista.

Asimismo, indicó que si los diputados y senadores no encuentran objeciones fundadas en contra de Bruschi y Amaya, el primer mandatario santafesino tendrá “hasta un mayor respaldo” a la hora de designar a los jefes policiales. “Creo que en el tema de la seguridad todos tenemos que comprometernos; obviamente legislar en ese sentido, pero también en este caso, que se trata de formular una mirada. Y también entiendo que para la ciudadanía tener un espacio legislativo en donde eventualmente hacer llegar una inquietud, es positivo”, señaló.

Cuestionamiento a la Nación

El exministro de Gobierno y actual diputado santafesino del socialismo también fue consultado sobre los casos de violencia criminal que se dieron en la provincia en los últimos días. Al respecto, dejó en claro que gran parte de esos conflictos tienen como génesis al narcotráfico y opinó: “Desde ya, imaginar que la realidad de Argentina y de Santa Fe en particular va a cambiar de un día para el otro es vivir una ficción. Celebramos que el presidente Mauricio Macri, el primer día de gestión, por lo menos en el discurso que dio a los argentinos, haya puesto el tema del narcotráfico en la agenda pública”.

Si bien dijo que se trata de un punto de partida, cosa que no hubo en el gobierno anterior, reclamó articular el trabajo “desde todos los ámbitos” contra el flagelo de las drogas. Es decir, cree que Nación, provincia y municipios deben coordinar el abordaje del problema porque hoy todo el Estado se enfrenta a “un delito de escala internacional y un gran negocio para las bandas del crimen organizado”. Incluso, manifestó que combatir el narcotráfico no solo se puede hacer con políticas nacionales de seguridad, sino trabajando con otros países de la región y del mundo.

Galassi recordó que tanto el narcotráfico como el narcomenudeo son delitos federales y si bien la Policía de Santa Fe puede ayudar a desmantelar organizaciones, es la Nación la que debe definir una política eficaz sobre la materia. “Quiero remarcar que lo peor que podemos hacer es echarnos culpas. El delito no distingue entre UCR, PJ, independiente, PS, el delito castiga a todos”, remarcó el diputado, y solicitó “aunar esfuerzos y trabajar seriamente en un plan que tiene que venir de la Nación”.

“Espero que en la próxima reunión de Consejo de Seguridad Interior (que preside la ministra de Seguridad Patricia Bullrich), en vez de estar tan preocupados por un protocolo para ponerle freno a una protesta social, se preocupen por un protocolo para combatir el crimen organizado”, sentenció el legislador del Frente Progresista. Así y todo, dijo que “en buena hora” se resolvió formar un “comando conjunto” entre la Nación y la provincia para actuar de manera más eficiente y sin que cada uno trabaje por su lado.

Por último, al consultarlo sobre las críticas que el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sobre las muchas excarcelaciones que otorgan los jueces a reincidente en el delito, Galassi concluyó: “A veces el riesgo procesal es evidente, y ser -a veces- muy considerado en las excarcelaciones cuando se conocen los antecedentes de las personas es no medir las verdaderas consecuencias. No hay que ser tan apegado a la letra teórica, y tener una mirada más concreta sobre las consecuencias de determinadas medidas judiciales. Hay que ser más estrictos en el análisis profundo de las personas a las que se les otorgan estas medidas”.