La provincia puso en marcha un Protocolo de abordaje integral de casos de abuso sexual infantil

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Surgió del trabajo conjunto del MPA y el gobierno provincial. El Fiscal General y el gobernador firmaron hoy los documentos con los que formalizaron la entrada en vigencia de las pautas que deberán seguir todos los actores involucrados.

La provincia de Santa Fe puso en funcionamiento un Protocolo integral de casos de abuso sexual infantil. Fue en un acto realizado en el mediodía de ayer en La Redonda del que participaron el gobernador, Miguel Lifschitz, y el Fiscal General del MPA, Julio de Olazábal.

El Protocolo es el resultado de un largo proceso de trabajo conjunto del que participaron integrantes de la Fiscalía General y de las cinco fiscalías regionales del MPA, y representantes de los ministerios provinciales de Seguridad; Justicia y Derechos Humanos; y Salud.

Obligatorio
En el acto realizado hoy, Lifschitz firmó el decreto provincial correspondiente, mientras que Olazábal suscribió la resolución número 222. En ambos documentos, los funcionarios establecen la obligatoriedad de las pautas para todos los actores institucionales –del MPA y del Poder Ejecutivo– que intervienen luego de la comisión de un abuso sexual infantil.

“El abuso sexual infantil es uno de los delitos graves que implica una violación estructural de derechos fundamentales”, señaló Olazábal. En tal sentido, el Fiscal General consideró que “forma parte de una de las prioridades orientadoras de persecución penal del MPA”.

El jefe de los fiscales trajo a colación un fragmento del Protocolo puesto en vigencia y dijo que “hay ciertos principios generales que deben ser respetados y garantizados en todo sistema relacionado con la investigación de delitos sexuales contra niños, niñas y/o adolescentes”. Y concluyó: “El diseño del protocolo busca la optimización de la atención, contención y defensa de los niños y niñas víctimas de delitos, enmarcando la recolección de pruebas que estos puedan aportar en ese mismo contexto protector de derechos”.

Integral
El Protocolo enumera seis principios generales que persiguen guiar a los abogados, psicólogos, trabajadores policiales, policías y otros operadores que intervengan luego de la comisión de un delito sexual en perjuicio de niños, niñas y adolescentes. Los principios son:

1 – Protección y bienestar de niños, niñas y adolescentes: son los valores primordiales a alcanzar a lo largo de todo el proceso, siempre teniendo en cuenta que la administración de justicia procura tener un efecto reparador en el proceso de recuperación de la víctima y de su familia. Este principio supone el respeto y garantía del interés superior del niño; la protección de la salud; evitar la revictimización; y los derechos a un trato digno; a la seguridad y a la privacidad.

2 – Derecho a ser oído: el relato y las opiniones de los niños deben ser tenidos en cuenta en todas las etapas del proceso.

3 – Asegurar la eficiencia del proceso y la obtención de pruebas válidas: garantizar el acceso a la Justicia y la optimización de las oportunidades de obtención de pruebas válidas dentro del proceso. Supone la compatibilización de las garantías del imputado y los derechos de las víctimas; la protección contra todo perjuicio que pueda cuasar el proceso de Justicia; la gestión de medios para facilitar el testimonio de los niños; y propender a una única declaración testimonial de la niña o niño víctima del delito.

4 – Unidad de criterio, coordinación entre actores y protocolización de procedimientos: los fiscales o fiscales adjuntos serán quienes centralicen las decisiones, con la debida asistencia de los equipos profesionales involucrados. Se establece una doble prioridad: la protección de los derechos del niño o niña víctima de un delito y la eficacia de la investigación.

5 – Capacitación de profesionales y revisión constante de las intervenciones y procedimientos: para brindar el abordaje necesario.

6 – Recuperación física y psicológica: que permita la reinserción social, garantizando el acceso a los servicios sociales y de salud, a la escolaridad así como también a servicios de asistencia y apoyo económico, jurídico y de asesoramiento.