El gobernador Miguel Lifschitz tiene a la firma el aumento de la tarifa del agua

El Ministerio de Infraestructura avaló el pedido de Assa de subirla un 89 por ciento, a pesar de que el Enress lo cuestionó. Define el gobernador.

El gobernador Miguel Lifschitz definirá en breve si respalda el aumento de la tarifa del 89 por ciento propuesto por Aguas Santafesinas —fraccionado en cuatro bimestres— a fines de octubre pasado, y una semana después de la resolución emitida por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), que objetó unos 305 millones de pesos de los 2.350 millones del presupuesto presentado por la compañía estatal para 2017. Por lo pronto, el Ministerio de Infraestructura y Transporte coincidió con la suba que solicitó Assa y elevó toda la documentación para que sea rubricada por Lifschitz

Luego de conocerse la resolución 1.507/16 del Enress, trascendió que esta semana el mandatario definiría el nivel de incremento de la tarifa de Aguas. Así se cerraría el ciclo de aumentos dispuestos para los tributos y las compañías públicas provinciales, tras la decisión de aumentar el 35 por ciento la tarifa de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) la semana pasada (15 por ciento en enero y 19,1 por ciento en marzo) y aprobado por la Legislatura los ajustes en el impuesto inmobiliario, entre otros.

La respuesta volvió a ser analizada por el Ministerio de Infraestructura y Transporte provincial, a cargo de José Garibay, quien coincidió con la postura presentada por el presidente de Aguas Santafesinas, Sebastián Bonet, y elevó toda la documentación al gobernador, que tomará la decisión final.

El cuadro tarifario presentado por Aguas esboza un aumento tarifario que se aplicará en cuatro bimestres de 38 por ciento, 11 por ciento, 11 por ciento y 11 por ciento de forma acumulativa, lo que arroja que las boletas a fin del año próximo llegarán a registrar un ajuste del 89 por ciento promedio.

Dentro de los argumentos para pedir semejante incremento se esboza que la firma pretende, además de realizar inversiones, cubrir con la suba de tarifas un déficit de 650 millones de pesos estimado para el 2017.

El respaldo del ministro de Infraestructura al pedido de Aguas llegó después de revisar los planteos realizados por el Enress.

El titular del directorio del organismo contralor de Aguas Santafesinas, Oscar Pintos, señaló que la resolución se fundamentó en análisis técnico de las gerencias, en las consideraciones surgidas de las audiencias públicas y en el reciente dictamen de la Corte Suprema sobre aumentos tarifarios en servicios públicos. Con todo, cuestionó unos 305 millones de pesos, lo que representa la mitad del déficit a cubrir planteado por la empresa.

El Enress estimó una diferencia de 105 millones de pesos en el cálculo de Assa sobre los acueductos de Desvío Arijón, Villana y el del Centro Oeste. También cuestionó como excesivos los cálculos en los costos de los insumos químicos y en el método de amortización de los bienes de la compañía, que representarían otros 98 millones de pesos.

Además, el organismo criticó la proyección de gastos sobre los usuarios incobrables, ya que entiende que esa «morosidad» se proyecta cobrar al resto de los usuarios.

La propuesta de Assa incluye un fuerte impulso a la micromedición, con la colocación de 320 mil medidores en las 15 ciudades donde opera.

Paradigmas

Cuando presentó el pedido de aumento, el presidente del directorio de Assa, Sebastián Bonet, remarcó que se proponía «un cambio de paradigma, para que la empresa en tres años sea autosustentable y deje de necesitar el aporte del Tesoro santafesino, que se nutre del aporte de clientes de Assa y un tercio de la población que recibe el servicio de otras prestadoras. Estos santafesinos tienen por ende una doble imposición».

Según Assa, de rubricarse el aumento promedio del 89 por ciento, «el 66 por ciento de los usuarios pagará hasta 316 pesos bimestrales y el 95 por ciento unos 659 pesos por bimestre. Y sólo un cinco por ciento de los clientes estará por encima de esos valores». Como los aumentos serán escalonados, estimaron que el impacto real será del 50 por ciento.

Organizaciones sociales y de consumidores cuestionaron duramente antes y durante las audiencias públicas el pedido de aumento por parte de Aguas. Además de valorarlo como desmedido, también recordaron que se trata de un servicio público clave para la salud de la población.




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