En la Casa Rosada se debatió sobre el incidente en San Lorenzo y se mantienen las diferencias internas acerca del rol de las fuerzas de seguridad
La muerte de un hombre de 38 años durante un piquete en la localidad santafecina de San Lorenzo reavivó el debate sobre la conveniencia o no de que el Estado desaloje los cortes de ruta y de calles durante las protestas sociales o conflictos sindicales. Pero en el gobierno de Mauricio Macri ese debate se mantuvo dentro de las paredes de la Casa Rosada e incomodó a los funcionarios.
Según fuentes vinculadas a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, seguramente «este caso va a reavivar el debate interno».
Puertas adentro de la Casa Rosada, se hizo hincapié en que el camionero que mató al piquetero del sindicato de Vigiladores, «estaba borracho, con 1,3% de alcohol en la sangre, y que es un hecho delictivo, que no es representativo de los piquetes».
El camionero, de 24 años, está detenido.
Sin embargo, el hecho se produjo en el contexto de la violencia que implica el enfrentamiento entre los piqueteros y los automovilistas o camioneros que necesitan transitar para cumplir con su trabajo, lo que puede desatar consecuencias inesperadas. El corte de la circulación del tránsito es un delito previsto en el artículo 194 del Código Penal y está penado con tres meses a dos años de prisión.
En la madrugada de hoy, en el cruce de las rutas provincial 10 y nacional 11, en San Lorenzo, Jonathan Gardini, de 38 años, del Sindicato Unico de la Vigilancia Privada, padre de cuatro hijos, fue embestido por un camión conducido por Cristian S., de 24 años, que fue detenido por Gendarmería. El incidente se produjo luego de una situación de discusión y violencia entre unos y otros.
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Según fuentes de la cartera de Seguridad, la ruta provincial era jurisdicción de la Policía de Santa Fe, mientras que la ruta nacional estaba custodiada por Gendarmería. «La detención del camionero le salvó la vida, porque los piqueteros lo linchaban», dijo un allegado a Patricia Bullrich.
En la Casa Rosada no quieren admitir que se reabre el debate entre los que opinan que hay que desalojar las rutas e impedir los piquetes, como sostienen Macri y Patricia Bullrich, y los que aseguran que hay que evitar situaciones de violencia entre las fuerzas de seguridad y los piqueteros y dejar que el conflicto social se vaya diluyendo gradualmente sin intervenir, como creen el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Esta confrontación de posturas trajo fuertes conflictos internos en el Gobierno, porque Macri quiere darle un corte definitivo al conflicto, que sabe que genera malestar entre la clase media y que impide que se cree un clima propicio para las inversiones.
«En este caso estaba borracho el agresor, por lo que no es representativo de ese debate», decían en la Casa Rosada, para apaciguar los ánimos.
En tanto, desde el gobierno de Santa Fe, que dirige Miguel Lifschitz, aseguran que la orden del gobernador es abrir un canal de diálogo en todos los piquetes por reclamos puntuales, para solucionar la causa original del corte de ruta. En otros casos, aseguran, los piquetes son «políticos» y no tienen diálogo posible, como los que realiza la Corriente Clasista Combativa en los alrededores de Rosario.
«En todos los reclamos por cosas concretas, Lifschitz ordena a sus funcionarios poner la cara en los lugares del conflicto para solucionar los reclamos y así levantar los piquetes», dijeron a LA NACION cerca del mandatario. Según su visión, la proliferación de los piquetes obedece a «una falta de intermediación institucional porque los piqueteros creen que es más eficiente hacer un corte de ruta que un reclamo en las instituciones: no hay canales institucionales para los reclamos».