El ministro de Seguridad adelantó que el Ejecutivo apelará el fallo que declaró inconstitucional la normativa que obligaba a endurecer los parámetros para otorgar beneficios a ofensores sexuales y reincidentes.
En momentos de profundos debates sobre el rol del Poder Judicial y el Servicio Penitenciario a raíz del caso Micaela García, el ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro, recordó que meses atrás, el gobernador emitió un decreto para desasociar “conducta y concepto” de los presos.
“Una cosa es el delito que se cometió y otra cómo se portan. Las personas que son ofensoras sexuales o que están dentro del crimen organizado tienen excelente conducta dentro de los penales. Las primeras porque necesitan el resguardo del Servicio Penitenciario y las segundas porque tienen muchos vínculos entre los reclusos”. Por ello, el puntaje que se les asigna debe tomar en cuenta estas circunstancias.
Sin embargo, el decreto fue declarado inconstitucional. “Eso nos sorprendió. Por supuesto que lo vamos a apelar”, adelantó Pullaro. “Entendemos que en los momentos que corren tenemos que ver el delito que se cometió y la cantidad de reincidencias”, finalizó.