Daniel Erbetta expuso los aciertos y las deudas del Poder Judicial

El presidente de la Corte provincial instó a los poderes del Estado a trabajar juntos y bregó por mecanismos más activos para la captura de prófugos.

En una ceremonia que convocó a representantes de los distintos poderes del Estado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, dio inicio ayer al año judicial 2017 en el edificio de los Tribunales provinciales. En una exposición que duró una hora, el magistrado hizo un balance de los logros alcanzados por la Justicia, habló de las deudas pendientes y reflexionó acerca del desafío de tener «una Justicia santafesina abierta a la sociedad y propia del siglo XXI».

«El poder judicial no es un poder apolítico. Lejos de eso, hace política en tanto integra la estructura de gobierno de la sociedad. Se dedica a gestionar conflictividad y su plataforma política es la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos». Con este posicionamiento teórico, Erbetta inició ayer, a las 11.30, el año judicial en la provincia de Santa Fe.

El mayor orgullo del poder Judicial en Santa Fe es el Código Procesal Penal, que en febrero cumplió tres años desde que comenzó a aplicarse. Erbetta lo destacó: el paso del sistema de aplicación de justicia escriturario al oral y público adecuó a Santa Fe a las exigencias de tratados internacionales, brindó transparencia a la investigación y agilizó los tiempos.

«En Rosario, en 2016 se realizaron 9.600 audiencias en el sistema penal. En toda la provincia, cerca de 19 mil. La nueva estructura posibilitó un trabajo más eficiente, con datos concretos, con un aumento notable en la tasa de esclarecimiento de homicidios dolosos. No es sólo un incremento cualitativo. También evaluamos la calidad y el tiempo de resolución», dijo Erbetta. Pero también habló de deudas: «Hay sectores de la provincia donde la reforma aún no se ha aplicado y eso se traduce en resultados muy pobres».

En lo que hizo hincapié fue en la necesidad de que los tres poderes del Estado trabajen en conjunto. Para que se realicen las modificaciones en las leyes que lo requieran y para que se elaboren y lleven a la práctica políticas en materia de seguridad en base a datos concretos.

«Cuando la Justicia interviene, el delito ya ha ocurrido. Los jueces no diseñan estrategias particulares de seguridad ni estrategias de prevención situacional del delito. Ni siquiera están a cargo de la investigación penal», sostuvo y, en parte, se desligó de responsabilidades respecto de la seguridad. «El que comete el delito debe ser castigado por la ley. De allí a suponer que la Justicia Penal va a resolver el problema de la inseguridad, hay un largo trecho», indicó.

Respecto de los debates pendientes, Erbetta puso en agenda otras deudas: la reforma del Código de Faltas, que ha quedado en una especie de vacío legal respecto de quiénes deben asegurar su aplicación; el tratamiento del Código de Justicia Penal Juvenil, con reglas claras de actuación en los casos de menores en conflicto con la ley penal; y la creación de un Tribunal Electoral específico que deje a la Corte Suprema de Justicia sólo la función de contralor de la constitucionalidad. Todas tareas que corresponden al Legislativo provincial.

En medio de un balance, destacó el compromiso del gobernador Miguel Lifschitz —presente en el escenario junto a los demás miembros de la Corte— en el cumplimiento del acuerdo rubricado el año pasado para invertir cerca de 800 millones de pesos para obras de infraestructura en varias localidades.

En este sentido, destacó la inversión de 7 millones de pesos aportados por los poderes Ejecutivo y Judicial para solucionar lo que definió como un déficit histórico en materia de investigación criminal. «Este déficit está vinculado a la tecnología de investigación criminalística y a los programas de análisis criminal, que permiten profesionalizar la investigación con un equipamiento de última generación», remarcó.

También ahondó sobre un tema en boga en las últimas semanas: la situación de los prófugos. «Tenemos la necesidad de implementar mecanismos más efectivos para la captura de los prófugos. En la Corte celebramos la creación, a instancias del Ministerio de Seguridad, de una brigada dentro de la Policía de Investigaciones dedicada exclusivamente a las capturas de prófugos», dijo.




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