Así lo indica la investigación judicial que impulsa desde el 2016 el fiscal, Roberto Apullán, en base a una denuncia radicada por funcionarios del Ministerio de Seguridad.
La causa que investiga al Departamento de Logística (D-4) de la Unidad Regional I salió a la luz en 2016 luego de que el fiscal del Ministerio Público de la Acusación solicitó una serie de allanamientos en talleres mecánicos de Santa Fe capital y de la ciudad de Rosario, en oficinas públicas de la jefatura como de la misma UR I.
La inspección se dio en ese entonces en el marco de una pesquisa que comenzó a raíz de una denuncia anónima que llegó al despacho del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, sobre una serie de contrataciones que efectuaba personal de esa área para reparar automóviles y también realizar ploteos, pero estos nunca se efectuaban.
Esa documentación fue remitida el 4 de mayo de ese año al MPA con el fin de que este organismo actúe de oficio e inicie una investigación y para así determinar si existieron fraudes a la administración pública.
A raíz de esos allanamientos, Apullán ordenó secuestrar diez automóviles para que el personal de peritajes de Gendarmería Nacional efectúe un informe y determine si los móviles que debían ser reparados tuvieron alguna intervención mecánica.
A fin de ese mes, el 31 de mayo, se informó oficialmente que los peritajes establecidos por la fuerza federal arrojaron que la mitad no habían sido reparados ni tampoco tuvieron alguna intervención mecánica en los talleres donde se contrató el servicio.
En el medio de ese destape judicial, se dio una situación muy particular: uno de los jefes del D4 de ese momento, Juan Barrios, denunció que había sido golpeado y amenazado por desconocidos en Amenábar y Saavedra del barrio Sur. Según indicó el oficial, quienes lo interceptaron le dijeron que se «callara la boca», lo cual puso un grado de mayor turbiedad al caso.
Desde ese entonces la causa se tramitó bajo un hermetismo absoluto y si bien, desde la Fiscalía se informó que la investigación continuaba abierta, no hubo mayores novedades en torno al caso hasta la jornada de hoy.
Este mediodía, la causa volvió a tener un nuevo capítulo tras la detención del exjefe de la Policía de la Provincia, Rafael Grau –junto a otros funcionarios– fue detenido por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por orden de Apullán.