El abogado laboralista de Rosario, Jorge Elías, emitió una opinión sobre el proyecto de ley de 145 artículos que el gobierno impulsa para llevar adelante la reforma laboral.
Desde que el gobierno comenzó a anunciar una reforma laboral se cuidó muy bien de dar detalles del proyecto. Los funcionarios se empeñaron en señalar el carácter gradual de las reformas, su voluntad de avanzar en acuerdos “sector por sector”, sin reformar las leyes básicas existentes y se cuidaron de decir que los proyectos no tenían “nada que ver con la flexibilidad laboral de Menem”.
Ahora que se conoce en detalle el proyecto de ley de 145 artículos que evidentemente tenían preparado -y bien escondido- desde hace largo tiempo, nos venimos a enterar que el gobierno le ha mentido a los ciudadanos. El proyecto de reforma laboral que se ha dado a conocer es peor que lo que hizo e intentó hacer Menem. Un proyecto que desampara a los trabajadores con la intención de que así las empresas ganen más con la promesa de que así habrá trabajo para todos.
Se habla de “blanquear” a los trabajadores no registrados, pero se busca eliminar las sanciones que pesan sobre los patrones que no anotan a sus empleados. No anotar será ahora más barato que nunca y los trabajadores no tienen ninguna reparación por el tiempo que permanecen en negro.
La garantía de irrenunciabilidad de derechos quedaría limitada a las obligaciones que surgen de la ley o convenio, y no a las mejoras obtenidas por sobre ellas por los trabajadores, que podrán perderlas sin derecho a reclamar.
Se pretende dejar por completo fuera de la Ley de Contrato de Trabajo al numeroso sector de técnicos y profesionales que se desempeñan sin ningún tipo de garantías como monotributistas, y ganando menos que un trabajador común.
La garantía de responsabilidad solidaria en casos empresas que recurren a tercerizar su actividad en manos de sujetos insolventes, se hace prácticamente ilusoria. Los trabajadores de esas empresas quedarían totalmente desamparados.
El proyecto establece posibilidades de movilidad horaria para dejar al trabajador a disposición de las necesidades de la patronal, por supuesto que sin ninguna compensación.
Se habilita que a través de convenios colectivos se pueda reemplazar la indemnización por despido y preaviso con un fondo de capitalización que dará amplia libertad para despedir sin costo a los trabajadores.
El plazo de prescripción de las acciones legales se achica a un año, de modo que todo lo que un trabajador no se anime a reclamar mientras tiene empleo, y que sólo demandará cuando lo echen, queda limitado a un año. Lo demás, es ganancia para el patrón.
Todo con el pretexto de crear trabajo y combatir la pobreza. Un experimento que los argentinos ya conocemos. Durante el menemismo se implantaron medidas como estas –algunas no tan brutales- con consecuencias bien conocidas: aumento de la desocupación, buenos puestos de trabajo convertidos en empleos precarios y rebaja de remuneraciones.
Apoyar estas reformas para los políticos, y sindicalistas, y hasta para algunos empresarios es repetir los errores del pasado.
Si estos cambios se implantan, creemos que la protesta será inevitable.
Jorge Elías