El gobierno vuelve a la carga con el ajuste sobre las pensiones por discapacidad

Ahora frenó las pensiones a menores por entender que «no tienen incapacidad laboral» al tiempo que endureció los requisitos para que las personas con cáncer, síndrome de Down, HIV, Parkinson y EPOC, entre otras patologías, puedan acceder a la prestación .

En 2017 el intento naufragó en medio del escándalo y merced del rechazo de la Sala II de la Cámara Nacional de Seguridad Social. El gobierno de Mauricio Macri había intentado llevar su ajuste a las pensiones por discapacidad y había dejado sin prestación alguna a más de 170 mil personas.

El ministerio de Desarrollo Social que comanda Carolina Stanley vuelve a la carga ahora y podría negar las pensiones por discapacidad a los menores de edad bajo el pretexto de que «no tienen incapacidad laboral».

Así lo reveló este martes el portal Nuestra Voces que advirtió que el ajuste sobre las personas con discapacidad lejos de haber quedado en el olvido en el gobierno de Macri apenas se tomó un compás de espera hasta que mermara el escándalo.

Según advirtió Nuestras Voces el gobierno de Macri ordenó ahora excluir a los menores de edad de las pensiones por invalidez al tiempo que endureció los requisitos para que las personas con cáncer, síndrome de Down, HIV, Parkinson y EPOC, entre otras patologías, puedan acceder a ella.

Al menos 20 mil pensiones, que ya habían sido aprobadas e iban a ser otorgadas en los próximos meses, serán revisadas bajo los nuevos criterios establecidos por las nuevas autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad.

El ajuste sobre los más chicos se llevó a cabo el 25 de enero pasado cuando las autoridades comunicaron a los trabajadores la nueva modalidad con la que deberán resolver los expedientes en tránsito. Allí se detalló que las liquidaciones a los menores de edad deberán separarse, dar de baja el lote y girar a la oficina 32 para que los doctores los analicen nuevamente caso por caso.

Desde la Agencia Nacional de Discapacidad admitieron a ese medio que esos expedientes «momentáneamente quedarán a la espera de nuevas definiciones», pero mientras tanto a los menores que ya iniciaron el trámite no se les otorgarán más pensiones porque ellos «no tienen incapacidad laboral».

En el documento revelado por el portal de noticias también se detallan los nuevos requerimientos para los casos de pensionados con síndrome de Down. Las autoridades establecieron que deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), con un Certificado Médico Oficial (CMO) acompañado de la firma de un neurólogo, psiquiatra, o legista.

En tanto, las personas que padezcan enfermedades como HIV o cáncer también deben pasar por la auditoría médica con la posibilidad de dejar de ser beneficiarios a no ser que demuestren tener comprometido algún órgano blando, es decir, que estén con riesgo de muerte.

El recorte llegó 11 meses después de que la cartera que conduce Stanley intentara privar a 170 mil personas de estas prestaciones, aunque la Sala II de la Cámara Nacional de Seguridad Social obligó al Gobierno a restablecer ese beneficio en noviembre de 2017 por considerar que su quita «vulneraba derechos a la vida autónoma, la salud, la vivienda, la educación y la dignidad inherente a la persona humana».

Tras esa primera derrota legal, el Gobierno busca ahora otra forma de concretar su ajuste en el sistema de seguridad social. El que los 20 mil expedientes vuelvan a ser sometidas a revisión pone un freno a las pensiones que esperan desde hace un año para ser otorgadas, por lo que el otorgamiento de nuevas pensiones se podrían llegar a retrasar entre 2 y 3 años, siempre y cuando cumplan con estos nuevos requisitos.




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