La violencia vuelve a teñir de sangre la campaña electoral en México

En apenas 12 horas fueron asesinados cuatro candidatos. Con estas, ya suman 105 los políticos muertos en ataques desde septiembre pasado.

La sangre sigue brotando a borbotones en México durante la etapa previa a los comicios presidenciales del 1° de julio y, en apenas 12 horas, fueron asesinados cuatro candidatos en tres estados. Con estas, suman 105 los políticos muertos en ataques durante el actual proceso electoral iniciado en septiembre pasado, entre ellos 40 precandidatos o candidatos, según recuentos independientes, cuando falta menos de un mes para la votación.

La guerra contra el crimen lanzada en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón, con apoyo de las Fuerzas Armadas, causó hasta ahora un balance atroz de más de 200.000 muertos, unos 33.000 desaparecidos y 335.000 desplazados, según cifras oficiales. Este proceso electoral se da en medio de una ola de violencia que dejó 29.000 muertos en 2017, la cifra más alta en 20 años.

Juana Iris Maldonado, candidata del Partido Verde a diputada por el distrito 2 en Huauchinango, en el estado de Puebla, vecino a la capital, y su correligionaria Erika Cázares, regidora de Salud (concejal) del municipio de Juan Galindo, fueron acribilladas por hombres armados. El secretario de Seguridad Pública del Estado, informó en conferencia de prensa que hay cinco detenidos por este episodio. Maldonado y Cázares se desplazaban en los primeros minutos del sábado por la ruta entre las localidades de Zihuateutla y Patla, luego de acudir a un acto de campaña cuando fueron emboscados. Los cuerpos de ambas mujeres fueron hallados durante la madrugada con heridas de bala dentro de su automóvil, en el municipio de Jopala.

En el estado de Oaxaca, sureste del país, la fiscalía estatal informó que Pamela Terán Pineda, candidata del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) a segundo concejal y regidora con licencia en Juchitán, fue asesinada junto con su chofer y su fotógrafa. Los hechos ocurrieron también entre las 2 y 3 de la madrugada del sábado cuando la aspirante y sus colaboradores fueron atacados a balazos al salir del Bar Jardín, en el centro de Juchitán. Una de las hipótesis es que los agresores actuaron por venganza, pues la candidata era hermana de Juan Terán, jefe de una célula criminal en la zona del Istmo de Tehuantepec, implicado en secuestros, homicidios, trasiego de drogas y robo de combustible.

En Quintana Roo, también en la zona sureste, fue hallado muerto dentro de una furgoneta Miguel Loo Calvo, representante del distrito 4 del PRI ante el Instituto Nacional Electoral en Cancún, quien había sido secuestrado el 30 de mayo. Y el 31 de mayo fue asesinado Rodrigo Salado, candidato del PRI a regidor en San Marcos, en el estado sureño de Guerrero.

Al menos 89 millones de ciudadanos deberán sufragar el 1° de julio por un presidente, 128 senadores, 500 diputados federales y 9 gobernadores, entre 3.600 cargos en disputa, pero el principal “elector” parece ser el crimen organizado, quien decide de antemano no sólo quién será el ganador, sino quién compite y quién no.

Según el periódico Excélsior, como consecuencia de la escalada de asesinatos de políticos, al menos un millar de candidatos a diversos cargos han renunciado a seguir en la competencia, mientras crecen amenazas contra numerosos aspirantes, que se preguntan si vale la pena correr el riesgo de continuar.

La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), que aglutina a intendentes del opositor Partido Acción Nacional (PAN, derecha), considera que el asesinato de políticos busca “presionar al Estado para que evite la confrontación” con las bandas criminales. “A fuerza de homicidios y amedrentamiento, aquí o allá, sin importar la filiación partidista, quizá a fin de preservar acuerdos o dominar territorios, el crimen determina quién puede y quién no aparecer en la boleta electoral”, afirmó el analista político René Delgado. El especialista en temas de seguridad, Alejandro Hope, señala que en estos tiempos ejercer un cargo en un gobierno local “se ha vuelto una actividad de alto riesgo” por cuanto “ el crimen organizado es cada vez más local”.




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