Buscan jerarquizar el rol de las cooperadoras escolares

El diputado Henn es el autor de la iniciativa. “Queremos fortalecer las bases para que se garantice la participación de las familias y de la comunidad educativa en las instituciones escolares, adecuando la legislación provincial actual”, indicó el legislador.

Un proyecto de ley presentado por el diputado radical Jorge Henn propone la adhesión de la provincia de Santa Fe a la ley nacional de cooperadoras escolares (N° 26.759).

El objetivo es actualizar la legislación provincial que regula el funcionamiento de las cooperadoras escolares, ajustando la misma a los parámetros dispuestos por la legislación nacional, en contraposición con el sistema actual erigido a partir de un decreto gubernamental.

Según explicó el diputado, esta iniciativa, que contará con el reconocimiento del ministerio de Educación provincial, plantea que las cooperadoras escolares tendrán entre otras funciones, la de contribuir a profundizar la integración de la comunidad educativa, a la democratización de la gestión educativa y al mejoramiento de la calidad de las condiciones del espacio escolar, colaborando en el mantenimiento y las mejoras del edificio escolar y su equipamiento.

«El cooperativismo es una práctica y un valor que integra el ideario de una sociedad democrática”  expresó el ex vicegobernador al tiempo que reconoció que «en la construcción de las redes que ligan a los distintos actores a un proyecto educativo, las cooperadoras escolares tuvieron y tienen una significativa presencia».

El proyecto establece, a su vez, las condiciones para promover una práctica responsable de la participación así como la obligatoriedad de la difusión de un balance de cuentas y gastos así como la presencia de un órgano de supervisión.

También prevé espacios de intercambio y debate de los cooperadores a través de las Federaciones y Confederaciones de Cooperadoras de la Provincia de Santa Fe. El Ministerio de Educación colabora también en la organización de encuentros provinciales anuales entre los representantes de cada una de las Federaciones. Estos espacios contribuyen al logro de los objetivos establecidos por el proyecto de ley y configuran canales de reflexión y deliberación. 

Por otra parte, se reconoce la necesidad de un compromiso activo de las autoridades educativas con las cooperadoras. Se establece que es obligación del Ministerio la difusión de la normativa y el arbitrar los medios para la creación y regularización de las cooperadoras.

Un poco de historia

El primer antecedente de las cooperadoras se remonta al año 1816 con la creación de la “Primera Junta Vecinal de ayuda a las Escuelas”, en la ciudad de Chascomús. En reconocimiento de esta primera asociación, se conmemora el 15 de octubre como el Día del Cooperador Escolar. Desde esta primera experiencia, la presencia de los cooperadores escolares se ha expandido, acompañando también la consolidación y extensión del sistema educativo argentino a lo largo de los siglos XIX y XX.

«Esta iniciativa se enmarca en las normativas que regulan la estructuración de todo lo que compete a la participación de la comunidad educativa en los espacios institucionales. La Ley 26.206, de Educación Nacional establece en su artículo 90 que el Ministerio de Educación debe promover la incorporación de los principios y valores del cooperativismo y del mutualismo en los procesos de enseñanza aprendizaje y capacitación docente», alude el proyecto en sus fundamentos.

En este marco normativo, en el año 2012 el Poder Legislativo Nacional sanciona la ley 26.759 que tiene por objeto garantizar la participación de las familias y de la comunidad educativa en las instituciones escolares en general y, en particular, a través de las cooperadoras escolares.

En la provincia de Santa Fe, la norma que regula el funcionamiento de las cooperadoras escolares es del decreto 874/86. «Si bien esta normativa brinda un marco de contención y de orientación de las prácticas y políticas vinculadas a las cooperadoras escolares estimamos necesario jerarquizar estas instituciones a través de la sanción de una ley provincial que se adecue a las prácticas contemporáneas de estas instituciones y recoja los parámetros establecidos por la legislación Nacional», sostuvo Henn.




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