González fue denunciado por su superior, el fiscal regional Rubén Martínez, por la «destrucción y desaparición» de expedientes judiciales, entre otras irregularidades.
La comisión bicameral de Acuerdos se reunió este mediodía para tratar la denuncia por diversas irregularidades que realizó el fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, sobre uno de sus dirigidos, el fiscal Rodrigo González. Martínez lo acusa la «destrucción y desaparición» de expedientes judiciales.
En el encuentro, que comenzó a las 12, los diputados y senadores que integran la comisión decidieron admitir la denuncia, iniciar el proceso de investigación.
Además, en la reunión se nombró como miembro acusador para el proceso al senador por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón. Asimismo se convocó para el jueves 13 de diciembre a sesión conjunta donde diputados y senadores deberán ratificar el inicio de la investigación.
Algunos de los legisladores que forman parte de la comisión de Acuerdos dijeron a UNO Santa Fe que la suspensión es para evitar cualquier intento de interferencia o entorpecimiento de la investigación.
El juzgamiento a González se hace con los elementos que brinda la Ley 13.695, que fue sancionada en noviembre de 2017 para dejar en manos de la Legislatura el control de los fiscales y defensores de la provincia, que antes tenía la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación. Esa ley fue objetada por los fiscales y generó una gran polémica porque los fiscales entendían que un poder, el legislativo, avanzaba sobre otro.
Incluso, a partir de una presentación de los fiscales rosarinos Adrián Mac Cormack y Sebastián Narvaja, el 7 de noviembre de este año se conoció un fallo que declara inconstitucional a esa norma. Sin embargo, el fiscal de Estado, Pablo Saccone apeló el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario. Eso fue lo que posibilitó que la Legislatura tome en sus manos el caso de González.
De forma paralela se está esperando que el gobernador, Miguel Lifschitz, promulgue la nueva ley para el control de fiscales y defensores que fue sancionada por la Legislatura el 8 de noviembre pasado y que reemplazará a la 13.695.
En esta última versión, los legisladores le devolvieron algunos controles a los fiscales regionales para las faltas leves y al tribunal disciplinario para las faltas graves de carácter técnico. En tanto, las faltas graves de carácter institucional o funcional serán las que quedarán bajo análisis de la Legislatura.
La gravedad de las acusaciones que hizo Martínez contra González hizo que los legisladores tomaran el caso sin esperar la promulgación de la nueva ley y por eso recurrieron a la norma que cuestionaron puntualmente los fiscales Mac Cormack y Narvaja y que, tras la apelación del fiscal de Estado, la Cámara Laboral de Rosario deberá decidir si concede el recurso o va como recurso directo de queja a la Corte Suprema de Justicia.
Fuente: Diario Uno