Sigue el debate por el Régimen Penal Juvenil

La Defensoría General de la Nación participó de la tercera audiencia por el proyecto de Régimen Penal Juvenil. El representante del organismo dijo que “bajar la edad de punibilidad comprometería internacionalmente al Estado argentino”.

En la tercera audiencia pública por la iniciativa del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, el defensor público oficial y cotitular de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación (DGN), Damián Muñoz, dijo que la “bajar la edad de punibilidad comprometería internacionalmente al Estado argentino”.

Muñoz sentó la postura institucional de la Defensoría General de la Nación (DGN) y destacó, entre otras cuestiones, que no existen estadísticas que demuestren fehacientemente la participación de personas menores de edad en los delitos.

“En las mesas de debate que se realizaron durante 2017 se señaló que no había estadísticas. Pasaron dos años y siguen sin existir. ¿Está en peligro la paz social por los adolescentes de 15 años? ¿En qué se funda? ¿Qué cantidad de delitos se producen? ¿Qué tipo de delitos? Si consideran que hay una emergencia social, que hay una urgencia, deberían demostrarlo”, sostuvo durante la reunión que se llevó a cabo en el Anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación.

El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional, propone, entre otras cuestiones, bajar la edad de mínima de responsabilidad penal de 16 a 15 años. Esta es la tercera audiencia que realiza el plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Presupuesto y Hacienda, con el objetivo de abordar la cuestión antes del debate en el recinto. 

El defensor público oficial ante los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal explicó que el Estado argentino se encuentra incluido en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, y “eso condiciona a los poderes del Estado y a todos los operadores estatales, porque tenemos que realizar conductas públicas conforme a esos estándares internacionales. Cada uno de nosotros tiene que apoyar y votar leyes que sean acordes a esos principios porque de lo contrario se genera responsabilidad internacional”.

También recordó el fallo “Mendoza y otros vs. Argentina”, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) estableció la responsabilidad de Argentina por la vigencia del Decreto Ley Nº 22.278 de la dictadura militar y ordenó sancionar una nueva ley.

En la misma línea, Muñoz mencionó el reciente pronunciamiento del Comité de los Derechos del Niño. “Éste órgano especializado pidió que se modifique la ley de acuerdo a los estándares internacionales, y pidió que no se endurezcan las penas ni se baje la edad de punibilidad. Por eso creo que el cambio propuesto no resiste el menor análisis. Es verdaderamente paradójico, absurdo, intentar saldar una deuda de la democracia generando una nueva responsabilidad internacional. Es preocupante la lógica argumental de los planteos a favor de la baja”, opinó.

Y añadió: “En relación con el tratamiento de los no punibles consideramos que el proyecto es discrecional, que empeora estándares de las provincias, que afecta el federalismo, y consideramos que una ley estratégica federal debería establecer algunos estándares genéricos para que después cada provincia regule su situación procedimental particular de acuerdo a esos principios”.

“Consideramos que una ley penal juvenil que baja la edad de punibilidad no satisface estándares internacionales, que genera más responsabilidad internacional, que no hay estadísticas serias que sostengan la necesidad de modificar de esta forma la ley y nos preocupa mucho el tratamiento que se les da a los no punibles”, concluyó.




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