Se definió como será el plebiscito por la reforma constitucional

Habrá padrones separados, distintas autoridades y mesas especiales que coexistirán en los mismos locales de votación.

Habrá padrones separados, distintas autoridades y mesas especiales que coexistirán en los mismos locales de votación. Como adelantó LaCapital hace dos domingos, el acuerdo entre el gobierno de Santa Fe y el Tribunal Electoral de la provincia para hacer simultáneamente las elecciones generales de gobernador y la consulta popular sobre la necesidad de reformar la Constitución, quedó plasmado en un convenio de colaboración que fue rubricado el jueves pasado, casi al mismo tiempo que se rechazaron las impugnaciones de la oposición a que se haga ese plebiscito.

La novedad es que se firmó, después de varios cruces que amenazaron la posibilidad de hacer la consulta el mismo 16 de junio. La polémica sobre si lo que se acordó es lo mejor y si está bien que sólo se pueda opinar a favor o en contra pero no se aclare qué se piensa reformar, alimentará seguramente el próximo mes de campaña política.

Lo concreto es que el gobernador Miguel Lifschitz podrá mantener la bandera de la reforma y probablemente llevarse un abrumador triunfo del Sí en las urnas, que contraste con la negativa que encontró en la Legislatura cuando impulsó la aprobación de su proyecto de reforma constitucional.

Debe quedar claro que no se acordó nada todavía. No sólo qué se va a reformar, sino que lo que vio la luz esta semana fue un acuerdo que detalla las condiciones en las que se podrá hacer la consulta el mismo día y en los mismos espacios de las elecciones provinciales.

Cuanto mucho (ya que es voluntaria y no vinculante) eso implicará un impulso político para que la nueva Legislatura se vea obligada a considerar (tiene que sumar la voluntad de los dos tercios de sus integrantes) la necesidad de hacer esa reforma. Más tarde vendrá la elección de convencionales y la determinación de qué puntos se pretenden reformar.

No es poco después de un año de que trajinaran por ambas Cámaras varios proyectos que no pudieron avanzar ni en las comisiones legislativas.

Puntos del acuerdo

Con la firma del ministro de Justicia Ricardo Silberstein y la titular del Tribunal Electoral, María Angélica Gastaldi, se convinieron los siguientes puntos:

1Padrones separados: se encargará exclusivamente el gobierno de la provisión del padrón, y este deberá estar separado del que se utilizará para el acto eleccionario.

2Constancias distintas: la emisión de la opinión por la consulta será distinta de la constancia que se entrega para el voto en las elecciones provinciales.

3Diferentes autoridades: el gobierno confeccionará una lista de autoridades titulares y suplentes de las mesas especiales referidas a la consulta popular. Ninguna de esas autoridades podrá desempeñar al mismo tiempo funciones de autoridad de mesa en el acto eleccionario general.

4Opinión voluntaria: se informará a los votantes que pueden participar de la consulta popular no vinculante sólo si lo desean. No es obligatoria la participación.

5Locales comunes, mesas especiales: se votará en los mismos establecimientos para los dos actos (elecciones y consulta), pero habrá mesas especiales que serán diferentes a las de los comicios. El convenio dice que tendrán que estar ubicadas en un espacio «contiguo».

6Cómo se vota: los electores se identifican y se les entregan las boletas para votar gobernador, intendente y demás categorías. Antes de depositar esas papeletas en las urnas podrán dirigirse a la mesa especial para recibir la boleta referida a la consulta y entonces sí dirigirse al box de votación. Aclara que se podrá votar exclusivamente en la consulta popular.

7Urnas claras: tendrán que estar debidamente identificadas las que recibirán los sufragios generales de las que se destinarán a la consulta popular.

8Escrutinio provisorio: estará a cargo de las autoridades de cada mesa. La transmisión de los resultados se hará en dos actas separadas.

9Votos: el Tribunal Electoral manejará el material electoral (despliegue y repliegue) y el gobierno se hará cargo de la custodia de las urnas.




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