«El negocio de pagar una tasa altísima para una ART deja afuera a cientos de trabajadores», indicó la ministra de Producción, Alicia Ciciliani.
El gobierno provincial ratificó ayer su férrea adhesión a la ley nacional de riesgos de trabajo, que cuenta con media sanción de los senadores provinciales pero que no logra ser tratada en Diputados. Sin medias tintas, la ministra de Producción, Alicia Ciciliani, aseguró que «el negocio de pagar una tasa altísima para una ART deja afuera cientos y cientos de trabajadores de la posibilidad estar inscriptos». Y graficó que en Rafaela «las empresas están hablando de adelantar vacaciones y dejar de trabajar un día a la semana porque los costos son altísimos. Pagar estas tasas de ART que pagan los frigoríficos no beneficia a los trabajadores sino al sistema financiero, porque lo que no se dice es que el aumento de la litigiosidad no lo pagan las ART, sino las empresas»,aseguró.
La defensa del gobierno provincial de la adhesión a la ley de ART llegó durante el debate público que se realizó ayer en el hall de la Legislatura, y del que participaron gremios, empresarios y legisladores.
«Me forme en el Partido Socialista en los años 80, donde hablábamos de cómo proteger a las pymes, a las que ahora conozco una por una. Tienen miles de trabajadores a su cargo dentro de sus empresas y ya saben que es bueno tener empleados en condiciones», detalló la funcionaria.
A renglón seguido, subrayó que «el negocio de pagar una tasa altísima para una ART deja afuera cientos y cientos de trabajadores de la posibilidad de estar inscriptos, porque los hay de a miles con trabajos precarios cuyo nivel de productividad no les permite acceder a los costos no salariales sino con una carga impositiva del 50 por ciento».
«Está claro que desde el Ejecutivo apoyamos y enviamos el proyecto de ley para adherir», indicó la funcionaria y reivindicó «la prevención (con los comité mixtos de seguridad e higiene) como la medida más importante que diferencia a Santa Fe de otros estados argentinos, no sólo para proteger la salud de los trabajadores de posibles accidentes sino para ahorrar dinero en seguros y litigios».
La ministra indicó que hablaba también «en nombre de la CGT de Rafaela. Me reuní con todos sus gremios y me ratificaron su preocupación. Necesitan la adhesión a la ley de ART. Hoy en Rafaela las empresas están hablando de adelantar vacaciones y dejar de trabajar un día a la semana porque los costos son altísimos. Y pagar estas tasas de ART que pagan los frigoríficos no beneficia a los trabajadores sino al sistema financiero, porque lo que no se dice es que el aumento la litigiosidad no lo pagan las ART sino las empresas», puntualizó.
En ese orden, recordó que cuando fue diputada nacional no votó a favor de la ley de ART «porque no nos permitieron las reformas que sí el Senado le introdujo en la provincia. Hoy vengo a pedir que se vote esta ley acompañada por trabajadores y empresarios de la provincia», sentenció.
Voces disidentes
En la vereda de enfrente de la ministra de Producción está el diputado peronista Luis Rubeo, quien ayer destacó que desde hace tres años, plazo en el que se viene discutiendo esta ley, viene manifestando que a su sector le parece «justo» adherir, pero cuando se aclaren algunos aspectos.
Así, dijo que «no se dice que adherir a esta ley es hacer pasar al trabajador por una comisión médica, que es una estructura supranacional que sólo estará en Rosario. O sea que alguien del norte, el centro o del sur de la provincia queda indefenso, porque se tiene que desplazar por sus medios y costos. Incluso si luego de hacer eso decide reclamar judicialmente a la comisión, deberá hacerlo también en los tribunales de Rosario. Cuando esto se solucione, porque no está aún resuelto, vamos a adherir; porque ahí la ley será justa», consideró.
Los gremios más combativos identificados generalmente como peronistas, en tanto, rechazaron de plano la ley o su adecuación por considerarla «neoliberal o macrista».
Por su parte, el diputado provincial Leandro Busatto, quien impulsó el debate de ayer junto a su par socialista Rubén Giustiniani, destacó que «esta ley representa para algunos sectores la posibilidad de alivianar el inconveniente que, entienden, se genera a veces a partir de los juicios laborales. Para otros, en cambio, es una afectación de derechos y garantías. Lo importante es que estemos debatiéndolo y escuchando a todas las partes involucradas».
El dirigente del gremio bancario y de la CGT, Claudio Girardi, en tanto, se quejó de que «los senadores aprobaran la adhesión sin haber convocado nunca a los trabajadores» y acusó al gobierno socialista de «equivocarse al enamorarse de los cantos de sirena del gobierno nacional».