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Martínez lamentó “todas las cosas que nos dijeron” por investigar al sacerdote Monzón

El sacerdote Néstor Fabián Monzón de 51 años fue condenado a 16 años de prisión por ser autor de delitos contra la integridad sexual de un niño y de una niña menores de edad en la ciudad de Reconquista. Así lo dispuso hace instantes por unanimidad el tribunal pluripersonal integrado por los jueces Claudia Bressán (presidenta), Santiago Banegas y Martín Gauna Chapero.

Los magistrados resolvieron condenar a Monzón como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante (por las circunstancias de su realización) calificado (por ser el imputado ministro de un culto reconocido) en perjuicio de los dos menores de edad, en concurso real.

Por su parte, los jueces resolvieron absolver a Monzón por el beneficio de la duda de la autoría del delito de abuso sexual gravemente ultrajante (por las circunstancias de su realización) calificado (por producir un grave daño en la salud de la víctima) en perjuicio de ambos menores.

Asimismo, el tribunal dispuso que la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) fije de forma inmediata –tal como lo solicitó la Fiscalía– el día y la hora de realización de una nueva audiencia en la que deberá tratarse el pedido realizado por los fiscales para que se imponga al condenado la medida cautelar privativa de libertad.

Las víctimas

Luego de conocer la sentencia, el fiscal Rodríguez manifestó su conformidad con la decisión del tribunal y valoró que la sentencia haya sido dispuesta por unanimidad. Por otra parte, en relación a la absolución del abuso calificado por el daño a la salud de la niña menor de edad, el fiscal adelantó que “aguardaremos los fundamentos del fallo para analizar los pasos a seguir”.

“Quiero agradecer al equipo de trabajo y al fiscal Marichal. Hicieron una gran tarea y los resultados están a la vida”, destacó el funcionario del MPA.

Rodríguez también se refirió a las víctimas y a sus familias. “Ellos experimentaron y sufrieron en carne propia insultos y escraches por haberse animado a enfrentar esta situación”, remarcó.

En cuanto al monto de la pena resuelto por los jueces, el fiscal del MPA sostuvo que “si bien habíamos solicitado 12 años de prisión, el monto de 16 años -pedido por los querellantes- era una de las posibilidades en un delito cuya escala penal va desde los ocho años como mínimo y hasta los 20 de años de prisión como máximo”. En tal sentido, agregó que “el tribunal entendió que lo justo eran 16 años y no tengo objeciones para ello”.

Consultado acerca de posibles apelaciones a la sentencia, Rodríguez advirtió que “estamos preparados para continuar litigando ante todos los recursos que puedan ser presentados. Estamos preparados para ir a donde haya que ir”.

Rumores

“A pesar de todas las cosas que se dijeron, desde la Fiscalía seguimos trabajando y acá están los resultados”, afirmó el Fiscal Regional, Rubén Martínez. “Queda absolutamente claro que nuestro trabajo tenía fundamento y logramos resultados”, agregó.

También se refirió a las víctimas y a sus familias. “Fueron muy valientes y es muy importante remarcarlo. No es fácil tomar la decisión que tomaron ellos de avanzar con un proceso de este tipo”. Asimismo, reivindicó el rol de la Iglesia como institución y dijo que “siempre se mostró predispuesta a colaborar en lo que le solicitáramos para avanzar en la investigación de lo ocurrido”.

Por último, el Fiscal Regional felicitó al equipo de trabajo y a los abogados querellantes. “Hicieron un excelente trabajo y hoy quedó demostrado no sólo por la sentencia, sino también por el desarrollo mismo del juicio. Además, quedó en evidencia que había gente que creía que tenía la verdad absoluta y no es así”, concluyó.

Prisión preventiva

Rodríguez explicó que “si bien el condenado no quedó privado de su libertad, en los alegatos de clausura solicitamos que se trate de forma inmediata la prisión preventiva. Entendemos que ya hay una sentencia de un tribunal de primera instancia que dispuso algo concreto, por lo tanto, se incrementa el riesgo de fuga”. El fiscal recordó que “ya pedimos a la OGJ que ordene de forma inmediata una nueva audiencia para solicitar la prisión preventiva”.

Delito agravado

“Los abusos que investigamos fueron cometidos entre el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre de 2015 en una casa perteneciente a la diócesis de Reconquista –en la que vivía el acusado– ubicada dentro del predio de la parroquia ‘María Madre de Dios’. En esta sede religiosa, el hombre investigado cumplía funciones como sacerdote”, precisó el fiscal. “Las víctimas fueron una niña y un niño muy pequeños, a quienes no sólo sometió sexualmente, sino que también hizo que se observaran mutuamente mientras eran abusados”, agregó.

Rodríguez se refirió a las agravantes del delito atribuido al acusado. En relación a su condición de ministro de un culto religioso, el funcionario del MPA sostuvo que “se debe a que, al momento de los ilícitos, NFM cumplía funciones como sacerdote”.

En relación a la calificación por el daño a la salud provocado en la niña abusada, Rodríguez dijo que “aguardaremos los fundamentos de los jueces para analizar los motivos que los llevaron a resolver en ese sentido, y para estudiar los pasos a seguir”.

Denuncia

“La investigación se inició a raíz de una denuncia realizada por la madre de la niña abusada. La mujer se presentó el 23 de diciembre de 2015 en el Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual de la Unidad Regional IX de la policía provincial y dejó constancia de lo ocurrido”, informó el fiscal.

Rodríguez sostuvo que “ni bien se nos informó de la denuncia, junto al fiscal Rubén Martínez ordenamos la realización de diversas diligencias, testimoniales y pericias. También se entrevistó en cámara Gesell a la niña, ya que con el niño no se pudo concretar”. El fiscal también reconoció que “hubo que presentar numerosos escritos y participar de una gran cantidad de audiencias a raíz de las recursos interpuestos por los distintos abogados defensores que tuvo el acusado”.

Querellantes

Los padres y las madres de ambos niños se constituyeron como querellantes. Los abogados que representaron al padre y a la madre de la niña fueron Andrés Ghio y Andrés Ramseyer. En tanto, en representación del papá y de la mamá del niño lo hicieron los abogados Luciana González.

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