Es una suboficial que el lunes quedó detenida tras ser acusada de facilitar una propiedad para que Vanesa Saravia, sindicada como la líder de una organización narco, lleve adelante sus oscuros negocios desde el residencial barrio de Guadalupe.
A días de que empiece la feria judicial, la causa que investiga a Marcela Vanesa Saravia, alias “La Curandera”, que profesaba la religión Umbanda y que fue procesada como la líder de una banda que traficaba estupefacientes a grandes escalas y que los distribuía en al menos treinta puntos de venta de Santa Fe, sumó una nueva detenida.
Se trata de una suboficial de la Policía de Santa Fe, identificada como Gabriela C. (38), la cual prestaba servicios en la Unidad Regional I pero que en la actualidad se encontraba con el pase a disponibilidad en la fuerza por abandono de servicio, según indicaron fuentes del caso a Aire Digital. La misma fue acusada de haber alquilado la casa de barrio Guadalupe donde vivía Saravia con su pareja -Alejandro Albaristo- y en donde se cree que se realizaba parte del acondicionamiento de los estupefacientes que manejaba la organización que involucra, hasta el momento, a otras seis personas.
La detención de la empleada policial fue dispuesta el lunes y estuvo a cargo del juez federal Reinaldo Rodríguez, quien tras recibir la declaración indagatoria ordenó que la mujer, que se presentó de manera espontánea ese mismo día, permanezca detenida hasta que se defina su situación procesal.
Era “un favor”
Vinculada formalmente a la causa, Gabriela C. fue acusada de haber “facilitado” la lujosa casa de Echagüe al 6900 del barrio residencial donde los pesquisas de la Unidad Investigativa Antinarcóticos observaron que durante tres meses se realizaron constantes movimientos de bolsos que tendrían estupefacientes en su interior.
Aquella propiedad fue alquilada por la suboficial el 5 de agosto pasado por el plazo de un año y tuvo la particularidad de que dicho contrato, en su clausura tercera, acordó que el monto de locación -de 35 mil pesos por mes- fue abonado en su totalidad por un monto de 420 mil pesos.
Al respecto, Gabriela C., negó en su indagatoria haber sido parte de las maniobras narco que presuntamente llevó adelante la organización y aseguró que todo fue “por un favor que le pidió Saravia” para que le alquile la casa y ponga a su nombre una camioneta. Ambas, según argumentó, se conocieron a principios del 2019, a causa de la religión que profesaba Saravia y su marido en un templo del barrio Transporte.
Enriquecimiento
La Justicia federal también apuntó a la situación patrimonial de la funcionaria policial ya que la misma adquirió en octubre de este año un total de 63 mil pesos cuando su salario es de tan solo 24 mil pesos mensuales y además su monotributo -está registrada en la categoría A como «servicios personales»- no registró ninguna facturación.
En esa linea, el fiscal Gustavo Onel, la acusó de haberse enriquecido ilícitamente y de manera apreciable, con posterioridad a la asunción de un cargo público, el 15 de enero del 2007.
Por esa razón, el titular de la Fiscalía Federal N°1, concluyó en acusar a la empleada policial por la adquisición de una camioneta Toyota Hilux modelo 2015 por un monto cercano a los $440.000 pero que tiene un valor actual de $1.100.000.