En el último año del gobierno de Mauricio Macri, la Argentina mejoró su posición en el ranking anual de percepción de la corrrupción en el sector público, elaborado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI).

Nuestro país pasó del lugar 85 en el ranking de 2018 al puesto 66 el último año, entre los 180 países analizados por TI para el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019. La medición se hace en base a encuestas de distintas instituciones internacionales realizadas a inversores y especialistas sobre cómo perciben la corrupción en el Estado.

El ascenso en el ranking es el más significativo en los últimos ocho años y en el último de la gestión de Cambiemos, que buscó hacer de la lucha contra la corrupción uno de sus caballitos de batalla de cara a las elecciones. Sin embargo, el ascenso se explica no solo por los méritos propios de un país, sino también en relación al resto de los países, en una edición del Índice que revela que muchos bajaron su puntuación.

Por eso, cuenta más el puntaje obtenido por una serie de encuestas que la ubicación en el ranking de esta medición. Y en 2019, Argentina consiguió 45 puntos sobre 100 máximos posibles, 5 más que en 2018. En la escala utilizada, 0 puntos implican que un país “fue bochado” al ser percibido con una corrupción elevada y 100, que el país es percibido como muy transparente.

Con este puntaje, Argentina se ubica, por primera vez, por encima, de la media global en materia de percepción de corrupción que es de 43 puntos –un puntaje de por sí pobre-, aunque sigue entre los dos tercios de los países que no alcanzan los 50 puntos sobre el máximo de 100, de acuerdo al indicador que TI.

Desde 2012, cuando Transparencia Internacional modificó la metodología del índice, la peor perfomance del país había sido en 2015, cuando obtuvo solo 32 puntos sobre 100, y quedó en el puesto 32, mucho más cerca del final de la tabla que hoy.

El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) mide anualmente la percepción de la corrupción pero solo en relación a la conducta del sector público, o sea en el ámbito político y administrativo. Las preguntas se refieren a la existencia de sobornos, el desvío de fondos públicos, el nepotismo, la falta de castigo penal o de protección a los denunciantes, los mecanismos para obtener contratos de obra pública, la prevención de los conflictos de interés por parte de funcionarios y el acceso a información por parte de los ciudadanos a asuntos de públicos, entre otros aspectos.

En el caso de Argentina, se hizo en base a ocho encuestas de distintos entidades internacionales: el Índice de Gobierno Sustentable de la Fundación Bertelsmann, las Calificaciones de Riesgo País de Global Insight, el Anuario de Competitividad Mundial del International Institute for Management Development (IMD), el Ranking de Países de la Unidad de Inteligencia Económica, la Guía Internacional de Riesgo País de PRS Group, el Proyecto Variedades de Democracia, el Foro Económico Mundial EOS, y el Índice de Estado de Derecho del Proyecto Justicia Mundial.

“Los últimos años esos sectores percibieron algunos avances que se siguen reflejando en este índice que elabora Transparencia Internacional. Los desafíos en Argentina siguen siendo muchísimos más allá de los avances que marca este estudio”, sostuvo Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, capítulo argentino de TI. Sin embargo, opinó que “no se observan cambios de fondo en la matriz de corrupción de nuestro país”.