El senador neuquino del Frente de Todos, Oscar Parrilli, presentó el proyecto que busca una comisión que analice si hubo «defraudación y estafa comercial» y «posibles operaciones de encubrimiento y/o lavado de activos».
Un proyecto de ley para crear una Comisión Bicameral Investigadora de las presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco Nación y la empresa cerealera Vicentín, fue presentado en la cámara de Senadores.
La iniciativa fue presentada por el senador neuquino del Frente de Todos, Oscar Parrilli, y hace hincapié en la denuncia por defraudación contra el estado nacional que se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10 y que involucra a Guido Sandleris, presidente del Banco Central de la República Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri.
La Bicameral propuesta por el senador oficialista debería investigar la posible «defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de Cereales y Soja con las que competía en el mercado por posibles perjuicios económicos sufridos por la posición dominante adquirida en los últimos cuatro años».
Entre sus facultades, Parrilli propuso conocer «si existieron movimientos de fondos entre empresas vinculadas efectuando posibles maniobras espurias a efectos de ocultar y/o simular la verdadera realidad económica, de provocar el déficit económico y financiero que ocasionaron el proceso concursal».
También abogó por «la detección de posibles operaciones de encubrimiento y/o lavado de activos que pudieren ser de origen delictivo y la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por incumplimiento en sus obligaciones de control».
Asimismo, señaló que la Comisión «deberá indagar si existieron desvíos de fondos a empresas vinculadas al grupo en el país y/o en el exterior, ejecutadas por los directivos y/o responsables, si evadieron tributos y otros compromisos fiscales, dejando de ingresar a las arcas estatales, ya sea a nivel nacional, provincial y/o municipal, montos correspondientes a sus obligaciones tributarias; en definitiva, si han efectuado giros o movimientos financieros a sus vinculadas en el país y/o en el exterior, afectando dolosamente los ingresos públicos».