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La búsqueda del tesoro escondido de Vicentin

Directores y CEO con sociedades en Paraguay, Uruguay y Panamá. Sospechas de triangulación y fuga. Los extraños movimientos de fondos en los últimos siete días del gobierno de Macri. 

A pesar de que la intervención a la empresa Vicentin se vio limitada en su tarea de investigación por decisión del juez Fabian Lorenzini, siguen apareciendo elementos casi a diario que revelan el entramado de firmas offshore del grupo o de sus directivos, que abren un abanico de dudas sobre el manejo y destino de los fondos. El uso de una filial inscripta en Uruguay a principios de 2019 quedó bajo la lupa de quienes sospechan de operaciones de triangulación que podrían suponer subfacturación de exportaciones. A su vez, también están bajo análisis las transferencias entre firmas controladas y sociedades offshore de Paraguay, Uruguay y Panamá, que podrían haber sido instrumento de fugas y que, según señala uno de los denunciantes, podrían haber terminado en cuentas en Estados Unidos de directores de la empresa. Nuevas revelaciones exponen los nombres de otros cuatro directores de Vicentin que forman parte de la red de sociedades offshore ligadas al grupo. Nombres que se suman a los de los otros cuatro directivos mencionados en la denuncia que la inspección general de justicia de Santa Fe presentó ante el juzgado comercial de Reconquista, impugnando la reinstalaciones del directorio de Vicentin al frente de la empresa intervenida por decreto presidencial.

Uno de los tantos elementos significativos que han surgido de la investigación que desarrolla el estudio Moyano y Asociados, un bufete especializado en detección de operaciones de ocultamiento de activos que fue contratado por un grupo de acreedores de Vicentin, es el conjunto de firmas offshore bajo la denominación de Nacadie que han surgido vinculadas a la cerealera santafesina. A raíz de una investigación desarrollada por la comisión de valores de los Estados Unidos (SEC, security exchange commission) en 2015, la entidad financiera IJG TOF, controlada por el fondo de inversión Tril Line Global Impact, informó que “había auxiliado financieramente” a sociedades del grupo Vicentin (Vicentin SAIC, Algodonera Avellaneda SA y Friar SA) y que “las garantías de los préstamos habían sido otorgadas por Nacadie SA de Uruguay”.

El mismo informe señalaba que Nacadie es una empresa con domicilio en la zona franca de Montevideo y su apoderado es el contador argentino Patricio María Coghlan. Según consigna un artículo que acaba de publicar el portal Rosario Nuestro, firmado por Ignacio Pellizzón, en base a la información suministrada por el abogado Mariano Moyano, Coghlan también era director de ENAV SA, firma productora de jugos radicada en Mendoza perteneciente al grupo Vicentin. Entre los directores de la firma, también figuran Gustavo Nardelli y Javier Padoan.

Uruguay y Nacadie vuelven a estar en la trayectoria comercial y financiera de la empresa santafesina cuando, a principios de 2019, la firma Vicentin SAIC inscribe a su sucursal Uruguay en el listado de sociedades anónimas registradas ante el banco central de ese país. La sucursal ya estaba constituida quince años atrás, pero recién se registra ante la autoridad monetaria el año pasado, con el interés de empezar a operar en comercio exterior, como se revelaría posteriormente. 

 

Según la presunción de Moyano, la aceleración de los créditos de prefinanciación de exportaciones del Banco Nación durante 2019, previo a la declaración de la empresa en cesación de pagos, estaría vinculada a operaciones de exportación de Vicentin Argentina a su filial Uruguay, aunque los granos tuvieran como destino final un país extracontinental. Es lo que se describe habitualmente como maniobra de triangulación asociada a la subfacturación de exportaciones, al venderle a la filial uruguaya (pagando menos impuestos en Argentina) y luego facturar desde Uruguay al destino final (desde un puerto franco, libre de gravámenes) al valor real del producto. El grueso de la ganancia quedaría, así, asentada en Uruguay. 

El último crédito que recibió Vicentin del Banco Nación fue del 26 de noviembre de 2019. El 2 de diciembre Vicentin vende una participación en la firma de biocombustibles Renova al grupo Glencore por 122 millones de dólares. Esa misma semana, se crea en Argentina la firma Nacadie Comercial SA de Uruguay. El domicilio que declara es el del frigorífico Friar, en Santa Fe. Quien la inscribe es el contador Patricio Coghlan. Dos días después, Vicentin denunciaba encontrarse en “estrés financiero” y, por lo tanto, imposibilitada de pagar sus compromisos. Era la última semana de Mauricio Macri en el gobierno, al que el grupo había apostado al punto tal de ser el mayor aportante privado a la campaña.  

Según declaraciones atribuibles a la propia Vicentin SAIC (un documento en papel con membrete pero sin firma, distribuido entre allegados), fue Vicentin Uruguay la que vendió las acciones de Renova, operación de la que le quedó un saldo neto de u$s 96,4 millones que habría destinado al pago a productores y proveedores de Vicentin SAIC, entre el 2 y el 9 de diciembre. Incluso despúés de haber declarado el estrés financiero, y todo en esa semana tan particular. 

Los investigadores que siguen el caso, como Moyano y Asociados, tienen otra sospecha, y piden que se indague sobre los movimientos en esas semanas no sólo de Vicentin sino de las cuentas de empresas “fantasmas” a las que sus directores estan asociadas. Maximiliano Nardelli, hijo del presidente de Vicentin Sergio Nardelli, figura como director de Kerdale Investments SA, una offshore con oficinas en Montevideo pero bajo jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas. Otros dos integrantes del directorio de Vicentin, Gustavo Juri y Pablo Montaron Estrada, comparten la gerencia de ENAV SA, que preside Sergio Nardelli. A su vez, Juri y Estrada figuran como director y secretario de Finjuice International Corp, offshore radicada en Panamá. El portal Rosario Nuestro da cuenta además de los antecedentes de Alberto Julián Macua, actual vicepresidente de Vicentin, quien fuera director de Yule International Corporation, radicada en Panamá, al menos hasta el 31 de marzo de 2018.   

Demasiados cabos sueltos que podrían tener un destino común, presuntamente más al norte, si el consorcio de bancos acreedores extranjeros no le erró cuando eligió, para radicar su demanda judicial de “discovery” o búsqueda de activos ocultos un tribunal de Manhattan.  

 

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