El jefe de esta fuerza de seguridad puso a disposición su apartamiento luego de que las autoridades provinciales rechazaran la reincorporación de los cuatro efectivos involucrados en aquel hecho, quienes recientemente recibieron la prisión domiciliaria.
En medio del conflicto que se desató en el Chaco por el ataque de una familia Qom en su casa, la cúpula de la Policía provincial en las últimas horas puso a disposición su renuncia.
Quienes presentaron su dimisión, según precisaron los medios locales, fueron el jefe de esta fuerza, Fernando Romero; el subjefe, Ángel Domínguez, y Mariela Noemí Aguirre, directora ejecutiva del Centro de Análisis, Comando y Control Policial (C.E.A.C).
Todos ellos habrían tomado esta decisión luego de que el Gobernador local, Jorge Capitanich, y su ministra de Seguridad, Gloria Zalazar, se negaran a reincorporar a los cuatro efectivos que estuvieron involucrados en aquel hecho, quienes recientemente recibieron la prisión domiciliaria.
Si bien todavía las renuncias están “en consideración” y las autoridades provinciales aún no llegaron a una conclusión al respecto, el diario Norte publicó que próximamente un civil podría asumir en reemplazo de Romero: se trataría de un abogado cuyo nombre no trascendió.
El jefe policial, que hasta el momento conserva su cargo, reclamó la inmediata reincorporación de los cuatro uniformados que recuperaron su libertad, ya que así lo indicaría el reglamento, pero la secretaría de Derechos Humanos chaqueña rechazó este pedido y anunció que ninguno de ellos volverá a sus funciones.
Los efectivos involucrados en el ataque a la casa de la familia Qom son el oficial subayudante Cristian Eduardo Foschiatti, el sargento Cristian Omar Benítez, el cabo Cristian Ariel Flores y el agente Orlando Sergio Cabrera, quienes continúan enfrentando una causa en su contra por los delitos de vejaciones agravadas en concurso real con allanamiento ilegal y acusados por privación ilegítima de la libertad, torturas, allanamiento ilegal y apremios.
Tras un pedido de la defensa, el Ministerio Público Fiscal de Chaco les otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria en el marco de la pandemia del COVID-19, debido a que pertenecen al denominado grupo de riesgo debido a que adujeron distintos tipos de padecimientos.
El hecho en cuestión ocurrió el pasado 10 de mayo por la madrugada en la ciudad de Fontana, cuando los policías ingresaron por la fuerza al domicilio donde vivían integrantes de la mencionada comunidad originaria, y tras un violento forcejeo se llevaron detenidos a cuatro jóvenes, entre ellos a dos mujeres, una menor de edad.
A las pocas horas, tras ser puestos en libertad, las víctimas denunciaron abusos sexuales y torturas dentro de la comisaría. Además, en la acusación realizada ante la Justicia se describe que recibieron una golpiza y terminaron con heridas en el rostro y en el cuerpo.
Las imágenes del operativo, que rápidamente se viralizaron, fueron reveladas por un video filmado por un celular. Frente a la escalada que tomó el caso por el impacto de las filmaciones y el repudio de varias organizaciones de Derechos Humanos, la gobernación del Chaco había dispuesto el pase a disponibilidad de los agentes que participaron del allanamiento.
La investigación quedó en manos de los fiscales subrogantes Sergio Cáceres Olivera y Lilian Irala, de la Fiscalía Especial en Derechos Humanos, en un expediente en el que el Estado provincial se constituyó como querellante.
Tres de los efectivos quedaron presos en el cuartel de Bomberos de Resistencia y el otro fue alojado en la comisaría de Colonia Benítez, donde quedaon detenidos desde el 10 y hasta el 24 de junio pasado, cuando recibieron la domiciliaria.
Según se puedo reconstruir, momentos previos al operativo que desató este conflicto, unas 30 personas de la comunidad Qom fueron a manifestarse frente a la comisaría 3 de Fontana. Se habían juntado para reclamar por maltratos y discriminación permanente contra las personas del barrio. Esa habría sido la razón por la cual los efectivos fueron a buscar a los jóvenes hasta su casa.