El juez Julián Ercolini ordenó la inhibición general de bienes de Algodonera Avellaneda, del grupo Vicentin, y el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre Javier González Fraga y una veintena de acusados más.
El juez federal Julián Ercolini ordenó hoy la inhibición general de bienes de Algodonera Avellaneda S.A., del grupo Vicentin, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en créditos entregados durante el macrismo a la cerealera.
El pedido de inhibición había sido presentado por el fiscal del caso, Gerardo Pollicita, que pretendía que también fueran inhibidas la firma Vicentin SAIC y 26 personas (todos los directivos y funcionarios que, según su investigación, intervinieron en las operaciones objeto de la causa). Fuentes judiciales dijeron a la LA NACION que Ercolini no inmovilizó los bienes de Vicentin porque la sociedad ya estaba inhibida por el juez del concurso y que, por ahora, no avanzó sobre ninguna de las personas físicas acusadas.
Además de la inhibición de bienes de Algodonera Avellaneda, el juez dispuso la “prohibición de innovar la composición accionaria” de esa misma firma. Y ordenó el levantamiento de “los secretos fiscal, bancario y bursátil” que protegen la confidencialidad de la información de más de una veintena de acusados, incluido el expresidente del Banco Nación Javier González Fraga.
Este caso, que tiene imputado a González Fraga desde febrero pasado, cobró especial relevancia política después de que el presidente Alberto Fernández anunció que planeaba expropiar Vicentin y la intervino, medida que fue frenada por el juez de Reconquista Fabián Lorenzini. Finalmente, el Gobierno dio marcha atrás con sus planes.
El fiscal Pollicita, que tiene delegada la causa, investiga presuntas maniobras en perjuicio del Estado Nacional a través de un supuesto otorgamiento irregular de préstamos que le permitieron a Vicentin acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos, deuda que -según Pollicita- ahora es de “cobro incierto” porque la empresa está en cesación de pagos.
La causa se inició por una denuncia presentada el 27 de enero pasado por Fernando Miguez, quien como presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, manifestó que tomó conocimiento de los supuestos delitos a partir del “Primer Informe sobre la situación de la firma Vicentín” que había elaborado once días antes el director del Banco Nacion Claudio Lozano.