Mientras una fracción del campo organiza un banderazo a favor de la firma, los acreedores del sector primario siguen de cerca la intervención del Gobierno y la causa concursal.
Mientras avanza la intervención del Gobierno en la operatoria de la firma agroindustrial Vicentin y su posible expropiación se discute en el ámbito empresario y político, sus dueños además de bajar el perfil, buscarían sumar como aliados a los productores agropecuarios. En este marco dejaron trascender que en diciembre pasado destinaron casi u$s100 millones, obtenidos de la venta del 16% del paquete accionario de Renova, a cancelar deudas con sus proveedores de granos.
Esta información llegó, además, casi en paralelo a que algunos sectores del campo anunciaran la organización de un banderazo a favor de la empresa que se ejecutaría mañana.
En tanto, un dato que continúa estando bajo la lupa es que la empresa explicó esta semana que el 2 de diciembre vendió el 16% de Renova por un total de u$s122,7 millones, de los cuales habría descontado u$s26,3 millones para pagar parte de un préstamo otorgado por el Rabobank, y el resto, u$s96,4 millones, fueron destinados a cancelar deudas con productores y proveedores. Incluso, en el extracto que envío a los medios días atrás, muestra ejecuciones de pago a través del sistema Interbanking desde el 2 diciembre hasta el 9 del mismo mes.
Cabe recordar que la empresa se declaró en “estrés financiero” entre el 4 y el 5 de diciembre pasado, aunque el rumor ya corría desde hacía al menos 72 horas. El interrogante que ahora se plantea entre sus acreedores del sector primario es cómo se seleccionó a quién pagarle cuando la empresa ya estaba claramente sin el dinero suficiente para cancelar deudas. Además, en este marco, hay productores que incluso han denunciado a la compañía por estafa ante la Justicia ya que en los días previos a su default un directivo les aseguró “que entreguen granos que no había problemas”.
Meses atrás y mientras los dueños de Vicentin buscaban reactivar a pleno sus dos plantas industriales ubicadas en la provincia de Santa Fe, muchos productores también habían organizado una especie de “boicot” contra la firma y llamaban a sus pares a no venderle granos. En aquel momento había mucho descontento con el plan de los dueños de la empresa de ejecutar un quite de deuda del 50% con quienes le habían vendido granos. Actualmente, gran parte de esos productores, acopios y cooperativas integran el concurso de acreedores y siguen de cerca la intervención del Gobierno y la pregunta que sigue en el tintero es quién se hará cargo de sus cuentas por cobrar.
Lo cierto es que a pesar de los cuestionamientos de algunos de los acreedores del sector productivo de Vicentin, entidades del campo, productores autoconvocados y otros organismos relacionados con el sector agropecuario avanzan en la organización de un “banderazo” a favor de la empresa que se concretaría el sábado en distintos puntos del país. Por su parte, los dueños de Vicentin continúan cultivando el bajo perfil, luego de que su CEO Gustavo Nardelli se reuniera con el presidente Alberto Fernández, y su estrategia ahora iría enfocada a sumar mayor simpatía en el campo, incluso con sus propios acreedores.