Es por violar la imposición judicial de restricción de contacto y comunicación con las comunidades aborígenes. Por su parte, Roberto Fumo deberá abonar $200.000 de fianza para mantener su libertad.
Se trata de un acuerdo entre las partes, porque la defensa entendió que se encontraba en una situación perjudicial como para plantear la continuidad de la libertad del ex funcionario, en base a la gran cantidad de pruebas presentadas en su contra al no cumplir con las restricciones impuestas por la justicia.
El acuerdo es el más favorable para la situación del imputado, ya que según el tenor de las pruebas en otra instancia judicial la querella solicitaría la cárcel común y no habría demasiados fundamentos para desestimar ese pedido.
Sin embargo, Zancada podrá tener acceso a salidas laborales, exclusivamente a los domicilios que serán fijados como las locaciones donde tiene sus empresas.