El brutal ataque ocurrido en Villa Ocampo, donde Lucas Niemiz violó una orden de restricción y agredió con un martillo a su ex pareja, María Elba Debárbora, quién falleció hoy, no es un caso más.
Es el reflejo crudo de una violencia que no se detiene, de una justicia que no actúa a tiempo y de una sociedad que sigue permitiendo que las mujeres vivan con miedo, mientras los agresores continúan su vida con total impunidad.
Niemiz ya contaba con antecedentes de violencia de género y una medida judicial que le impedía acercarse a María Elba. Sin embargo, eso no evitó que la atacara salvajemente en su propia vivienda. Esta situación evidencia una falla estructural del sistema de protección: la justicia emite órdenes de restricción, pero no garantiza su cumplimiento efectivo.
Este no es simplemente un caso de femicidio. Es, en términos más precisos y dolorosos, un feminicidio.
Aunque en Argentina la legislación utiliza el término “femicidio” para referirse al asesinato de mujeres por razones de género, el concepto de “feminicidio” va más allá: incorpora la responsabilidad del Estado cuando este no previene, no actúa, no protege. Es la palabra que denuncia la impunidad, la indiferencia institucional y el abandono de las víctimas por parte de quienes deberían cuidarlas.
Tras una denuncia, es la mujer la que debe cambiar su vida. Ella tiene que aislarse, dejar su casa, interrumpir sus actividades laborales, sociales y familiares. Vive con miedo constante.
El agresor, en cambio, sigue su rutina. Se mueve libremente. Goza de la presunción de inocencia mientras la víctima debe esconderse para sobrevivir. Es una inversión perversa de la justicia: quien violenta, permanece libre; quien denuncia, queda en prisión preventiva emocional y física.
Lo más grave es que esto no es nuevo. Ni excepcional. En muchos de estos casos, las mujeres habían hecho todo lo que se les pidió: denunciaron, se alejaron, pidieron ayuda. Pero el sistema no llegó. O llegó tarde. O no actuó con la contundencia necesaria. Por eso hablamos de feminicidio: porque cuando una mujer queda a merced de su agresor, la omisión del Estado también mata.
Hoy, la ex pareja de Lucas Niemiz tuvo muerte cerebral y fue desconectada. Él está en prisión, pero ya sabemos cómo actúa la justicia en estos casos: como máximo, 35 años de cárcel, pero por buena conducta, en unos 10 ya tiene salidas condicionales.
Y la comunidad vuelve a preguntarse por qué no se actuó antes. Cuántas señales se necesitan. Cuántas denuncias deben ignorarse. Cuántas mujeres más deben vivir escondidas, bajo amenazas, mientras los violentos caminan libres.
No es una tragedia inevitable. Es una responsabilidad colectiva. Y sobre todo, una deuda del Estado con cada mujer que alza la voz y, aún así, queda sola.
