Desde este sábado 21 de junio, comenzó a regir en todo el territorio santafesino la Ley Provincial N.º 14.228, que da forma a un nuevo Código Procesal Penal Juvenil.
La normativa transforma el tratamiento judicial de los casos en los que están involucradas personas menores de 18 años y establece por primera vez en la provincia reglas claras, específicas y actualizadas para investigar, imputar, juzgar y eventualmente sancionar a adolescentes que cometan delitos.
Uno de los puntos más relevantes es que los casos protagonizados por menores ya no quedarán en una nebulosa institucional o a cargo de jueces de menores sin juicio oral, como venía sucediendo. Desde ahora, serán fiscales especializados en justicia penal juvenil quienes lideren las investigaciones y definan si corresponde o no imputar formalmente al adolescente.
Además, los hechos podrán ser elevados a juicio oral con todas las garantías procesales, como ocurre en el sistema penal de adultos.
La Sección Juvenil del Colegio de Jueces ya está en funcionamiento
Para implementar este nuevo sistema, el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Acusación realizaron reformas estructurales: se crearon nuevas unidades especializadas, se capacitó a jueces, fiscales y defensores públicos, se adecuaron sedes judiciales y se actualizaron los sistemas informáticos para responder a la nueva modalidad procesal.
El nuevo Código se construye sobre un pilar central: el principio de justicia restaurativa. Esto significa que se priorizan los espacios de diálogo, mediación, reparación y reflexión, por encima del castigo.
La privación de la libertad será el último recurso y por el tiempo más breve posible, y se prohíbe expresamente alojar a menores con personas adultas en dependencias policiales o penitenciarias.
Además, la norma contempla un rol activo para las víctimas: podrán ser escuchadas, participar de audiencias clave y recibir información clara sobre el avance de las causas. Se busca que el proceso no invisibilice el daño ni deje a las víctimas al margen.
En los casos en que el joven tenga menos de la edad mínima de punibilidad, no podrá ser sometido a juicio, pero se activarán medidas de protección a cargo de los organismos de niñez. Sin embargo, también se contempla su derecho a ser oído y su participación en instancias restaurativas.
Con esta ley, Santa Fe se convierte en una de las pocas provincias del país que cuenta con un sistema penal juvenil integral, especializado y alineado con los estándares internacionales en derechos de la infancia. La iniciativa no estuvo exenta de polémicas durante su tratamiento legislativo, pero finalmente fue sancionada y ahora se convierte en una de las reformas judiciales más importantes de los últimos años en la provincia.