El Gobierno de Javier Milei anunció este lunes el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tres organismos clave para la planificación, ejecución y control de la infraestructura vial y del tránsito en la Argentina.
La medida fue confirmada en la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien sostuvo que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente Javier Milei”.
Según explicó el funcionario, la decisión será oficializada este martes con su publicación en el Boletín Oficial, y forma parte del plan de reorganización y achicamiento del Estado que el Gobierno lleva adelante desde diciembre de 2023.
La Dirección Nacional de Vialidad era uno de los organismos más antiguos del Estado nacional, con más de 90 años de historia. En los últimos años, fue objeto de fuertes cuestionamientos judiciales y políticos, especialmente a raíz de la denominada causa Vialidad, en la que fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Adorni remarcó que “Vialidad era un símbolo de la corrupción estructural” y que “el Estado no debe construir rutas, debe generar condiciones para que lo haga el sector privado de forma más eficiente y transparente”.
El Gobierno estima que con esta medida se logrará un ahorro de casi 88 millones de dólares anuales, principalmente por la reducción de estructura administrativa y operativa. De los 5.000 empleados que integraban Vialidad, más del 60% se desempeñaban en tareas burocráticas, según cifras oficiales.
Más allá de Vialidad: una reestructuración profunda del sistema de transporte
Además de la disolución de estos tres organismos, el Ejecutivo también avanza con una transformación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que será reemplazada por una nueva entidad: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.
Esta nueva oficina tendrá la misión de supervisar las concesiones otorgadas al sector privado, en sintonía con el nuevo esquema vial basado en licitaciones y capitales privados.
¿Qué pasará con las rutas y el control vial?
A partir de este nuevo esquema, el mantenimiento de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales será licitado en tramos y concesionado a empresas privadas. En tanto que los controles de tránsito, alcoholemia y velocidad en rutas quedarán bajo jurisdicción de Gendarmería Nacional, que tomará funciones antes ejercidas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, absorberá las funciones de planificación, financiamiento y ejecución de obras.
En lo que respecta al personal, hasta el momento, no se informaron detalles sobre su destino. Los gremios del sector anticiparon posibles medidas de fuerza y advirtieron sobre una ola de despidos sin precedentes.
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