Se cumplen 15 años de la sanción del matrimonio igualitario en Argentina: un hito que marcó al continente

Este 15 de julio se cumplen 15 años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina, una norma que convirtió al país en pionero en América Latina en reconocer legalmente el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.

La histórica votación en el Senado, ocurrida en la madrugada del 15 de julio de 2010, marcó un antes y un después en la lucha por la igualdad de derechos y posicionó a la Argentina a la vanguardia del avance legislativo en materia de diversidad sexual.

La ley, que modificó el Código Civil para permitir que el matrimonio tenga los mismos efectos jurídicos sin importar el género de los contrayentes, fue el resultado de una intensa lucha del movimiento LGBTIQ+, acompañado por organizaciones sociales, referentes culturales, sectores políticos y organismos de derechos humanos.

El debate se dio en un contexto de fuerte polarización, con manifestaciones a favor y en contra en todo el país, y una sociedad que comenzaba a transitar un cambio profundo en sus valores y miradas sobre la diversidad.

Con 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones, el Senado aprobó la ley que ya contaba con media sanción de Diputados, y Argentina se convirtió así en el primer país de América Latina y el décimo en el mundo en consagrar el matrimonio igualitario.

Antes de Argentina lo habían legalizado: Países Bajos (2001), Bélgica (2003), Canadá (2005), España (2005), Sudáfrica (2006), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010) e Islandia (2010).

La norma no solo garantizó el derecho a casarse, sino que también abrió la puerta a la adopción conjunta, el acceso a derechos sucesorios, previsionales y de salud para miles de parejas que hasta ese momento vivían en la informalidad legal.

Desde entonces, miles de parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio en todo el país, consolidando un avance en términos de ciudadanía e inclusión. Además, la legislación argentina inspiró a otros países de la región —como Uruguay, Brasil, Colombia, Chile y México— a avanzar en marcos legales similares.