El presidente Javier Milei vetó este sábado las leyes aprobadas por el Congreso que establecían una suba del 7,2% para jubilaciones y pensiones —más un aumento del bono previsional— y la declaración de la emergencia en discapacidad hasta 2027.
El veto será oficializado el lunes a través del Boletín Oficial.
Ambas normas habían sido sancionadas en el Senado a principios de julio con amplio respaldo de la oposición. El Gobierno considera que las medidas comprometen el equilibrio fiscal, uno de los pilares centrales del plan económico de Milei.
El oficialismo busca ahora garantizar en Diputados que no se alcancen los dos tercios necesarios para rechazar el veto. El proyecto de aumento jubilatorio cosechó originalmente 142 votos afirmativos, mientras que la emergencia en discapacidad obtuvo 148. Para sostener el rechazo, se necesitan dos tercios de los legisladores presentes en cada cámara.
Qué incluían las leyes vetadas
La ley previsional vetada disponía:
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Un aumento real del 7,2% en jubilaciones y pensiones (excepto regímenes especiales).
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Una suba del bono de $70.000 a $110.000, con actualización por inflación.
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La reactivación por dos años de la moratoria previsional para quienes no cumplan con los 30 años de aportes.
En tanto, la ley de emergencia en discapacidad preveía:
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Suba de pensiones no contributivas al 70% del haber mínimo.
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Compatibilidad con empleos formales (hasta dos salarios mínimos).
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Declaración de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
El FMI avala el veto y advierte sobre riesgos fiscales
El Fondo Monetario Internacional respaldó la decisión del Gobierno. En un reciente informe, el organismo calificó las leyes vetadas como medidas que agravarían la situación fiscal y que fueron aprobadas bajo “presión electoral”. Calcula que implicarían un incremento del gasto equivalente al 1,5% del PBI.
El FMI también recordó que el Gobierno argentino se comprometió a presentar antes de 2026 una propuesta de reforma previsional para simplificar el sistema y mejorar la relación entre aportes y beneficios.
Críticas y protestas
Las reacciones no se hicieron esperar. Jubilados y agrupaciones sociales mantienen protestas semanales frente al Congreso. Desde la oposición señalan que el Gobierno desatiende derechos adquiridos y vulnera a sectores sensibles.
En tanto, desde el oficialismo acusan al Congreso de aprobar leyes sin financiamiento. “El nivel de irresponsabilidad es superlativo. Votan gastos que no tienen fondeo y generan pobreza”, afirmó el presidente de Diputados, Martín Menem.
Milei ya había anticipado su decisión semanas atrás: “Vamos a vetar. Y si se cae el veto, lo vamos a judicializar”, advirtió en la Bolsa de Comercio. La política de superávit fiscal, dijo, es “permanente”.
Negociaciones abiertas y presión sobre los gobernadores
El Ejecutivo inició contactos con mandatarios provinciales en busca de apoyo legislativo. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, se reunió con gobernadores de Salta, Mendoza, Jujuy, Catamarca, Entre Ríos, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Chaco. Según trascendió, la Casa Rosada analiza ofrecer una parte de los fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para asegurar respaldos clave.
Sin embargo, varios gobernadores mantienen cautela y aseguran que aún no recibieron ninguna propuesta concreta. La negociación ocurre en medio del cierre de alianzas para las elecciones legislativas de octubre y con internas abiertas, incluso dentro de los bloques aliados, como el PRO.