Fiscales y defensores denuncian al Procurador por malos tratos, amenazas y acoso laboral

Un grupo de fiscales y defensores imputan a Jorge Barraguirre “malos tratos personales y funcionales”, y “amenazas de severas sanciones o solicitud de renuncia” si no se acatan sus instrucciones. Le cuestionan reacciones “irrespetuosas, violentas, con exabruptos e improperios”. Hablan de acoso laboral por “excesivo” control de cumplimiento de asistencia y horarios.

Alrededor de treinta fiscales y defensores del Sistema Conclusional de Causas presentaron una denuncia contra el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre. El escrito, fechado el 31 de marzo de 2017, está dirigido al presidente del máximo tribunal, Daniel Erbetta. Allí, los funcionarios judiciales confiesan que recurrieron a dicha vía “con gran pesar, pues hubiésemos preferido evitar la exteriorización de esta disconformidad colectiva en contra del procurador general, ya que la misma afecta a la institucionalidad que durante tanto tiempo venimos defendiendo y sosteniendo”.

A su turno -y según pudo establecer este diario-, el procurador presentó su descargo ante el Tribunal, sosteniendo que sus actuaciones no tuvieron ánimo persecutorio, sino el de cumplir con las responsabilidades del órgano, y en un contexto de amplio debate con sus integrantes.

Malos tratos

Los planteos de fiscales y defensores refieren, precisamente, a visiones distintas -y en todo caso opinables- de las responsabilidades funcionales de la Procuración, así como también a la metodología de trabajo. En ese orden, al entender de los firmantes, Barraguirre impartió directivas “avasallando la esfera funcional”.

Pero a la vez, aseguran que a esos efectos se condujo en determinadas oportunidades con “malos tratos personales y funcionales, amenazando (en caso de no cumplir sus instrucciones) con la aplicación de severas sanciones disciplinarias, llegando al límite de a muchos pedirnos la renuncia a nuestro cargo”, relatan.

Los funcionarios advierten que si bien estas conductas eran al principio “tolerables”, el maltrato personal “aumentó, a tal punto de tener que ejecutar disposiciones verbales, sin aceptar el Dr. Barraguirre opiniones de nuestra parte sobre criterios diferentes”. Y aseveran que ante dichas opiniones divergentes, el procurador reaccionaba de manera “irrespetuosa, violenta, con exabruptos, amenazas e improperios de todo tipo”, e incluso supuestos “ademanes obscenos”.

El escrito repara en un hecho puntual para fundamentar la denuncia, y cita el caso del Dr. Raúl Ignacio Salvaterra, funcionario durante 13 años en la Procuración, que fue “objeto de agresión verbal al límite de la física”, razón por la cual solicitó un traslado, que la Corte le concedió al cabo de un mes.

Arbitrario

La denuncia le atribuye a Barraguirre ordenar “traslados desde puntos geográficos extremos de la provincia, afectando así la sede de la jurisdicción, a pesar de la oposición de los funcionarios trasladados”.

También le imputan “acoso laboral”, a partir de un “control inverosímil e injustificado mediante funcionarios y/o choferes de la Procuración en todos sus niveles”. Cuentan que el procurador se constituía en el Ministerio Público en distintos horarios, o hacía llamadas a los internos de cada oficina, “llegando al extremo de tener que firmar planillas de ingreso y egreso en la ciudad de Santa Fe e interior”. Y aseguran que usó, además, “la discrecionalidad” como herramienta de presión laboral, decidiendo “quién se queda y quién se va”, a raíz de lo cual “muchos funcionarios solicitaron traslados o directamente se jubilaron”.

Según los denunciantes, Barraguirre “hostigó a funcionarios del Ministerio Público” en determinadas causas penales para obtener fotocopias del expediente, e “impuso medidas y maltrató a funcionarios de la Defensa Pública y de todo el Ministerio Público, incluso ante la presencia de otros funcionarios de similar o inferior jerarquía”. El relato se detiene allí en una ocasión en la que el procurador “exigió” a la Defensa Pública que participara de unas Jornadas sobre Violencia de Género a Bariloche y Buenos Aires. Cuando los funcionarios reclamaron los viáticos, Barraguirre les respondió que “con los sueldos que ganaban no tenían por qué percibir viático alguno”.

Contradictorio

Para fiscales y defensores, Barraguirre ejerce su función jurisdiccional respecto de la finalización del Sistema Conclusional con un criterio personal que, según ellos entienden, es contrario al sostenido públicamente por la Corte, el Poder Ejecutivo y el resto de los operadores penales. “Tiene un mensaje contradictorio entre lo que expresa en los medios de comunicación y lo que dispone luego en las instrucciones dirigidas al Ministerio Público”, plantean.

En tal sentido, le objetan una serie de medidas que provocaron un “retardo procesal” en el sistema conclusional; cuentan que en febrero pasado, convocó a los fiscales para que “activaran todas las causas posibles”, incluso en aquellas que estaban vencidos los plazos vigentes; y en la misma línea, reunió a los jueces penales del sistema residual.

Precisamente, tales reuniones fueron convocadas en orden a una caída en la productividad advertida -y medida- por el procurador, y a los efectos de mantener activas causas del viejo sistema penal que, tal como fue preocupación expresada por la Legislatura, corrían el riesgo de caer definitivamente por vencimiento de plazos.

Según los denunciantes, Barraguirre “amenazó a fiscales con aplicarles sanciones severas en caso de que utilizaran el instituto del Principio de Oportunidad para cerrar las causas sin trascendencia”. Y, a la vez, “pretendió que la Defensa asesorara a las víctimas e interviniese como parte querellante en las distintas causas; al explicarle a través de la Defensoría de Cámara que dicha intervención correspondía a los CAF (Centro de Acción Familiar) y CAJ (Centro de Asistencia Judicial), expresó que era ‘para probar como experiencia piloto’ ”. Para fiscales y defensores, esa conducta “resulta contradictoria con el mensaje que tiende a optimizar recursos para finalizar con el Sistema Conclusional conforme a las pautas legales establecidas” (al respecto, cabe apuntar que, por las objeciones recibidas, no se avanzó en esa línea de acción).

Por todo ello, solicitan a la Corte que disponga las medidas conducentes para “salvaguardar la institucionalidad y el buen funcionamiento del Ministerio Público de la provincia; “se tome conocimiento del funcionamiento del sistema conclusional”, y se hagan cesar las actitudes impugnadas.

En su descargo ante la Corte, y según pudo establecer este medio, Barraguirre defiende las instrucciones impartidas y medidas dispuestas en orden a cumplir con las exigencias de la Procuración, en el marco del sistema conclusional de causas (pertenecientes al viejo sistema procesal penal) y responde cada una de las imputaciones, rechazándolas o atribuyéndoles un sentido diferente al de la presentación de este grupo de fiscales y defensores. Admite al respecto la posibilidad de que se hayan generado situaciones de tirantez y ofrece disculpas a quienes puedan haberse sentido afectados; aunque en la misma medida rechaza que en algunos casos la reacción sea la difamación.

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