Virili enfrenta una nueva denuncia penal, ahora de una familia sustituta

Aseguran haber recibido presiones y amenazas por parte de funcionarios de la repartición pública. El mes pasado, advirtieron un supuesto caso de abuso de la niña que cuidan, lo denunciaron en sede policial y a partir de entonces sufren el hostigamiento estatal.

Una beba de casi dos años que quedó bajo la tutela del Estado provincial pasó en los pocos meses de vida que cuenta por las manos de tres familias solidarias y, por una decisión de la Delegación Reconquista de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, podría quedarse nuevamente sin hogar.

Una denuncia policial realizada el 21 de mayo, por parte de su mamá sustituta, puso en guardia a la repartición pública, que apenas tomó conocimiento inició un sistemático hostigamiento que se extendió durante dos semanas, hasta que la mujer denunció el accionar del equipo interdisciplinario de Niñez ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La denuncia ante la Comisaría de la Mujer de la ciudad norteña se debió a que en un control médico de rutina, la pediatra que la atendió advirtió una lesión genital, que podría condecirse con un caso de abuso sexual de la niña que acababa de ser recibida por la nueva familia. El lunes 22 de mayo la mamá se dirigió a la subsecretaría para compartir con el equipo interdisciplinario la información brindada en sede policial el día anterior. En la reunión “me dijeron que me manejé mal, que no era nadie para presentar una denuncia”, dijo ante el fiscal Aldo Gerosa, que tiene a su cargo tanto la investigación por un supuesto abuso como por el accionar del organismo público.

La mujer respondió una serie de preguntas respecto de cómo se dio cuenta, la fecha en que ocurrió, quién la revisó, etc.; al término de la cual le cuestionaron que “estaba todo mal hecho” y “que me iban a retirar la nena de mi casa”. 

Bajo sospecha

“Les pedí que no se la lleven” que “lo había hecho por ella y mi familia”, sostuvo la mujer que reconoció que eso la dejó “pésimo de ánimo”. Asimismo “me fui a mi casa a preparar las cosas de la nena porque me la iban a llevar”, dijo.

Finalmente no le retiraron la beba, pero el miércoles posterior a la denuncia policial la llamaron por teléfono de un centro de asistencia legal para ofrecerle asesoramiento. Entonces “fui a preguntar a la subsecretaría de qué me tenía que defender” y le informaron que tenía prohibido el contacto con las familias sustitutas anteriores, “porque tanto ellos como nosotros éramos objeto de investigación si se comprobaba el abuso”, dijo en sede judicial.

“Me parece que no quieren que sigamos con esta investigación. Lo sentí como que querían que nos quedemos en el molde, me asusté. Me dijeron varias veces que era posible que me la retiren del hogar”, agregó la mamá sustituta en una presentación realizada en el MPA el primer sábado de junio.

Su versión fue ratificada la semana pasada por su pareja, que incluso contó que grabó con su celular una de las visitas de asistentes sociales de Niñez, en la que de mal modo eran interpelados a entregar a la niña.

En nombre del Estado

En dicho encuentro, una de las trabajadoras de Niñez les dijo que tenía una orden fiscal de retirar a la nena. Entonces le pidieron el nombre del fiscal, que le mostrara el oficio; sólo entonces la asistente social le dijo que en realidad “era decisión del equipo”. Y el día previo a radicar la denuncia en fiscalía nuevamente fueron a buscarla. “Me sentí amenazada” contó. “Yo les pedí una orden judicial” y le dijeron que “no la necesitaban”, por eso con un abogado decidimos presentar una medida de protección extraordinaria de la menor ante el Juzgado de Distrito de Familia, a cargo de la jueza Ileana Judit Sínchez.

Como respuesta “me dijeron que estaba ‘mal asesorada’ y me amenazó con que me iban a hacer una demanda”, y la volvieron a emplazar para que entregase a la nena. Dijeron “que me iban a allanar el domicilio y me iban a derribar la puerta si no estaba”. También “me dijo que ellos eran el Estado y tenían todos los derechos sobre la nena”, relató la mujer, cuyo objetivo “no era la adopción” -asegura- pero “no quería que retiraran a la nena, porque el avance que había tenido lo iba a perder”.

Por solidaridad

“Quise ingresar al programa por solidaridad”, sostuvo la mamá sustituta -que además tiene una hija biológica- y aseguró que su objetivo no era la adopción definitiva, sino “que (la niña) tenga estabilidad emocional, psicológica y familiar”. Su vínculo con el Programa Familias Solidarias se inició hace aproximadamente medio año, a partir de la información en Internet en la cual “buscaban familias sustitutas para 8 bebés en Santa Fe”. Siguió los pasos indicados en la página web de la provincia, envió un e-mail y estableció el contacto con la delegación Reconquista de Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, que está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.

La niña, que tenía un año y diez meses cuando la recibió en su casa, venía de su segunda experiencia con familias solidarias. La última finalizó una semana antes de las Pascuas -en abril-, cuando tras varias semanas de vinculación le dejaron toda la ropa de la nena, previo a que se definiera la situación del trámite legal.

Sobre la historia personal de la pequeña, le dijeron que su madre tenía 12 años cuando la tuvo y que la sacaron del núcleo familiar porque era maltratada. “No nos contaron que cuando estuvo con la primera familia solidaria en sus análisis de sangre daba que era HIV positivo”, reprochó la mujer, aunque aclaró que luego repitieron la prueba y dio negativo.

Sobre el control médico que, ella entiende, fue el origen de conflicto, sostuvo que la llevó a una pediatra de confianza de una clínica privada, porque en un principio desde la subsecretaría “me dijeron que no había inconvenientes”. Aunque después de la denuncia “me entero por la jefa de la Subsecretaría (Silvia Virili) que no podía llevarla a un pediatra del ámbito privado” en base a una nueva resolución.

Programa oficial

El Programa Familias Solidarias es “una modalidad de alojamiento alternativa a la institucionalización, conforme a los principios y disposiciones que establece la Ley Provincial Nº 12.967”, informa el portal oficial www.santafe.gob.ar. “Nuclea a personas o grupos familiares que desean brindar transitoriamente atención, protección y cuidados a niñas, niños y adolescentes que atraviesan una situación de vulneración que pone en riesgo el ejercicio pleno de sus derechos; por lo que no pueden vivir temporalmente con su grupo familiar de origen”.

“La finalidad es brindar un ambiente familiar estable, en el que puedan recibir cuidados, atención y la educación necesaria que faciliten sus desarrollos integrales, sin perder sus identidades de origen hasta que se resuelvan sus situaciones singulares. De este modo, constituye una alternativa al acogimiento residencial, cuando la propia familia de la niña, el niño o adolescente, incluida su familia extensa, no puede o no es conveniente que se hagan cargo de los mismos”.

“Se constituye como una medida de protección temporal y transitoria que prevé, siempre que sea posible, el retorno de la niña o niño a su familia de origen, por lo tanto se potencian los contactos entre ellos y su familia biológica”.

Médico forense

Ante las sospechas de un posible caso de abuso sexual, la niña debía ser atendida por un médico forense que pudiera confirmar o descartar la posibilidad de abuso. No obstante, el forense oficial de Reconquista se abstuvo de participar del examen por su relación con el resto de los profesionales que atendieron a la menor y no advirtieron o no denunciaron los hechos. Como consecuencia, la niña deberá viajar a la capital provincial para una revisión integral, según refirieron fuentes del caso.

 Fuente: Diario El Litoral

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