Es por la aplicación de un decreto de 1997 que fijó mayores exigencias y condiciones que deben cumplir los beneficiarios. Uno de los requisitos es que ninguno del grupo familiar tenga ingresos, algo casi imposible de cumplir.
Las pensiones asistenciales, que en Argentina son una vergüenza ya que solo representan el 70% de pensión mínima.
Hay tres tipos de pensiones asistenciales: las pensiones por vejez (para las personas que no tienen aportes), las de madres de siete hijos y las que son por invalidez. Estas últimas son las que están sufriendo las bajas.
Se trata de invalidez del 76% (lo que representa una invalidez casi total). La ley general indica un 66% pero para recibir una pensión asistencial debe llegar al menos al 76%.
Estas pensiones se crean en el año 1992 y cinco años más tarde se reglamentan. Mediante el decreto 432 se establecen los requisitos que hay que tener para poder acceder a este tipo de beneficios. Se trata de requisitos absolutamente estrictos, sobre todo atendiendo a que son pensiones asistenciales para personas de bajos recursos.
Entre los requisitos están que ninguno del grupo familiar que esté a cargo del inválido puede estar cobrando un salario (ni los padres, ni los hijos e incluso los hermanos de éste).
Tampoco se puede ser titular de bienes. No pueden tener autos, no pueden tener una casa. Nada. Si tienen la suerte de haber heredado una casa pierden el derecho a recibir una pensión asistencial.
En este caso las pensiones que estaba entregando la Nación son cerca de un millón de personas. En total, las tres pensiones llegan cerca de los 3 millones de personas.
Lo grave es que si por ejemplo, la madre o padre del beneficiario se jubiló con la mínima ya se pierde el beneficio. Esto directamente es generar que esa familia no pueda comer siquiera.
Mauricio Macri podría modificar el decreto 432 del año 1997 con uno nuevo y así permitir que la gente siga accediendo a este beneficio, aunque hasta el momento el gobierno no ha mostrado voluntad de cambio y los funcionarios de primera línea no se han expresado en este sentido.
Gabriela Troiano, vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad y diputada nacional por el partido Socialista, que presentará una demanda en la Defensoría del Pueblo. “Es un agrave error lo que están haciendo, invocan a esa resolución que establece una ayuda asistencial solo en casos de “extrema indigencia”, lo que se contradice con tratados internacionales, leyes nacionales y sobre todo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo”, comentó la legisladora.