Prevé remitir al Ministerio Público de la Acusación las causas del viejo sistema y el traspaso de personal a la moderna estructura.
Con una sólida mayoría constituida por el Frente Progresista, Cambiemos y sectores del justicialismo, la Cámara de Diputados aprobó el mensaje del Poder Ejecutivo que transfiere causas y personal del viejo al nuevo sistema penal que entró en pleno funcionamiento en febrero de 2014. En cambio, tres bloques optaron por abstenerse a la hora de la votación. El asunto deberá ser resuelto por el Senado antes del 9 de agosto, fecha que termina el llamado sistema de conclusión establecido en la ley 13.004, norma que reguló la etapa de transición penal en la provincia.
El mensaje del Poder Ejecutivo fue uno de los seis proyectos de ley votados por la Cámara de Diputados. Otro de ellos también refiere al sistema judicial y dispone la prórroga por un año del mandato de los actuales jueces subrogantes, también iniciativa emanada de la Casa Gris.
“Con este proyecto se pone fin a una etapa del cambio más trascendental de las últimas décadas en el sistema penal” afirmó el socialista Rubén Galassi quien llevó la voz cantante en el recinto para fundamentar la aprobación del texto. En su ponencia se ocupó de recordar los cambios legales que se produjeron a partir de la sanción en 2007 del nuevo Código Procesal Penal y también de las reuniones mantenidas con diferentes sectores del Poder Judicial para definir los alcances del proyecto.
A la sanción del Código le siguieron cuatro leyes: creando el Ministerio Público de la Acusación (MPA), del Sistema Provincial de Defensa Pública y el Sistema de Gestión Judicial más la de transición que estableció un plazo de tres años para la conclusión de causas que que hasta febrero de 2014 se tramitan en los juzgados de instrucción. Ese plazo fue prorrogado por seis meses por un decreto del Poder Ejecutivo que tiene fecha de vencimiento para los primeros días de agosto. De allí la necesidad de definir el destino de esos expedientes y la decisión es dejarlos en manos del fiscal general, titular del MPA. “El proyecto tiene dos ejes: traspaso de las causas unificando la tramitación en el fiscal general y la transferencia de recursos humanos”, resumió Galassi. El socialista fue enfático al desechar la posibilidad de que la futura ley pueda incidir en la marcha de las causas. “No incidimos en el destino final de ninguna causa. Esa definición de plazos está en el Código Penal. El nuevo sistema penal santafesino garantiza que no haya impunidad”, acotó.
En lo que hace al personal, las comisiones de Diputados escucharon al gremio de empleados judiciales, al Colegio de Magistrados y también a la defensora provincial. La redacción del proyecto fue modificada otorgando un plazo de 30 días para que el personal pueda optar por el nuevo lugar de trabajo y luego será la Corte Suprema de Justicia la encargada de la distribución de los agentes previéndose un 55% para el MPA; 15% para la Oficina de Gestión Judicial; 10% para la Defensa y el restante 20% para la Corte sugiriéndose que distribuye el personal en el sistema laboral.
En cuanto a los actuales fiscales y defensores deberán tener acuerdo legislativo para desempeñarse en el nuevo sistema penal. Por su parte, los secretarios y prosecretarios pasarán a la Oficina de Gestión Judicial. Forenses y peritos junto al personal técnico de esas dependencias pasarán al MPA y pasarán a depender del fiscal general.
Finalmente, el proyecto definió la designación de 8 fiscales extrapenales. El mensaje del Poder Ejecutivo preveía uno para cada circunscripción judicial y a pedido del Procurador General, Jorge Barraguirre, le concedieron dos para Santa Fe y tres para Rosario.
Las abstenciones
Desde tres sectores políticos fundamentaron los pedidos de abstención. El primero en hacerlo fue Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) quien dijo que su postura era -especialmente- un cuestionamiento político hacia el Poder Judicial. Desde Igualdad y Participación, Silvia Augsburger si bien valoró el mensaje y el trabajo de comisiones, objetó algunos artículos y por eso pidió no votar el texto. “Estamos preocupados por el reclamo de la sociedad contra la impunidad” dijo.
Finalmente fue Héctor Cavallero quien reclamó apoyo para no votar desde el Frente Justicialista para la Victoria molesto por la falta de tratamiento de un proyecto presentado por ese sector político. No obstante, aclaró su respaldo al nuevo sistema penal y a la necesidad de dar por finalizada la etapa de transición.
El texto girado al Senado consta de 17 artículos el primero de los cuales determina que “a partir de la entrada en vigencia de la presente ley intervendrán en todas las causas penales el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal”.
En cuanto a las especificaciones para el personal, la ley determina que “los empleados transferidos no verán afectada su remuneración y serán escalafonados dentro de la carrera prevista para el organismo, conforme a su categoría, debiéndose estar siempre a la condición más favorable al agente”.