Condenaron a los narcos goyanos conocidos del ex gobernador Colombi

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a ocho integrantes de una red de distribuidores mayoristas de drogas con asiento en Goya (Corrientes) que abastecía a vendedores de Reconquista, en el norte provincial. Se trata de la causa llamada «Ciudades hermanas», cuya investigación desbarató una trama narco que implicaba el cruce de al menos 200 kilos semanales de marihuana por el río Paraná hacia territorio santafesino.

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a ocho integrantes de una red de distribuidores mayoristas de drogas con asiento en Goya (Corrientes) que abastecía a vendedores de Reconquista, en el norte provincial. Se trata de la causa llamada «Ciudades hermanas», cuya investigación desbarató una trama narco que implicaba el cruce de al menos 200 kilos semanales de marihuana por el río Paraná hacia territorio santafesino.

El caso es recordado además por los chispazos políticos que generó el arribo del personal de la entonces Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de la policía santafesina cuyo jefe, José María Moyano, terminó detenido por unas horas en una comisaría de Goya por orden del gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, quien obstruyó parte del operativo que había sido dispuesto por el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde.

La sentencia fue impuesta por el camarista Luciano Lauría luego de un juicio abreviado resuelto entre el fiscal general Martín Suárez Faisal y los abogados particulares Ignacio Alfonso Garrone, Daniel Baralle y Héctor Mierez.

El acuerdo estableció una pena de 5 años de prisión para Javier «Cabeza» López, el cerebro de la organización, quien asumió la responsabilidad de los hechos y se declaró autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización; 4 años de prisión a Carlos «Gordo» Ramírez, mano derecha de López y condenado por la misma calificación jurídica; Valeria Rolón, pareja de López, quien recibió una pena de 2 años y 6 meses de prisión al igual que Fabián Antonio «Cotorra» Quiróz por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El mismo monto de pena fue resuelto para Cristian «Colo» Thompson y Elvio Ramón Silva por tenencia de drogas.

Por su parte, el transportista de la organización, Denis Damián «El rosarino» Gómez, acordó 4 años y 6 meses de prisión por transporte de estupefacientes; y 2 años por el mismo delito como partícipe secundario le impusieron a Yoel Altamirano.

Por agua

A través de escuchas solicitadas en su momento por la fiscal Viviana Bruno Campagna, los investigadores lograron detectar cómo operaba la organización que a través del río Paraná cruzaba la droga desde Goya al puerto de Reconquista.

El 20 de diciembre del 2016, agentes de la Brigada Operativa Departamental que hacían trabajos de inteligencia en ese puerto subieron a una lancha y en la zona de islas interceptaron otra lancha en la que iba «El rosarino» Gómez, junto con Altamirano y dos adolescentes. Llevaban un cargamento de 34,55 kilos distribuidos en una caja con dieciséis ladrillos prensados y un paquete cuadrado que resguardaba veintisiete envoltorios de la misma sustancia.

Chispazos políticos

Aquel procedimiento fue el puntapié para que el juez Alurralde ordene allanar propiedades en Goya y concretar la detención de López y sus cómplices. Cuando agentes antidrogas santafesinos llegaron a Goya y desplegaron los allanamientos lo hicieron sin saber que todo iba a concluir en un escándalo mayúsculo.

El gobernador Ricardo Colombi, viajó 160 kilómetros desde Corrientes a Goya para interrumpir el procedimiento de la policía santafesina argumentando que habían realizado una intromisión en su jurisdicción.

En ese contexto, el ex jefe policial José Moyano quedó detenido por agentes correntinos tras la orden del gobernador que en una actuación inédita obstruyó el procedimiento ordenado por la Justicia federal de Reconquista y causó un gran revuelo político entre el gobierno santafesino y su par correntino. Horas después y ante la intervención del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y el propio gobernador Miguel Lifschitz, el funcionario antidrogas, actualmente retirado de la fuerza, quedó en libertad.




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