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Vicentin: el Congreso validó el decreto que derogó la intervención

La comisión Bicameral de Trámite Legislativo, con el apoyo del oficialismo y la oposición, validó este lunes  el decreto de derogación de la intervención de la empresa.

La comisión Bicameral de Trámite Legislativo, con el apoyo del oficialismo y la oposición, validó este lunes  el decreto de derogación de la intervención de la empresa Vicentin, medida que había dispuesto el Gobierno nacional pero luego retrotrajo debido a la presión pública que ejercieron la oposición y parte de la sociedad.

El presidente Alberto Fernández comunicó la marcha atrás el viernes pasado a través de Twitter, habiendo transcurrido casi dos meses del anuncio de la expropiación junto a la senadora camporista y autora del proyecto Anabel Fernández Sagasti.

Durante su intervención, el presidente de la bicameral, Marcos Cleri, planteó que “con la intervención lo que se buscó fue poder llevar tranquilidad, certeza a los acreedores de la empresa que está concursada y que está en cesación de pagos desde el 4 de diciembre de 2019”.

Sin embargo, justificó la derogación del decreto anulado 522/20, del 9 de junio pasado, al sostener que “desde que se decretó la medida de intervención de la empresa, hubo muchas medidas de obstrucción por parte de los accionistas y también por parte del juez de la ciudad de Reconquista, que no permitió que la intervención se pueda desarrollar con normalidad”.

Al tomar la palabra, el diputado macrista Pablo Tonelli discutió los fundamentos del dictamen del oficialismo, y presentó las razones por las cuales Juntos por el Cambio firmaría un dictamen propio en minoría.

“No cabe la menor duda de que el DNU 522 fue definitivamente ilegal, inconstitucional, un avasallamiento y una clara violación de la división de poderes. Lo mejor que podía hacer es derogarlo, hizo bien en derogarlo. Ahora, lamento que al derogarlo no lo haya hecho con los fundamentos correctos y adecuados”, sostuvo.

A su turno, Fernández Sagasti aseguró que la medida fue constitucional y legal, basada en la Ley 21.499 de expropiaciones.

“El único fin que tenía el Estado Nacional fue el de asegurar las fuentes de trabajo y evitar el despojo a productores”, argumentó.

“Lamento mucho la situación que se va a desencadenar con todos los productores que están esperando poder cobrar”, agregó.

FUENTE: LT10/NA

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