El gobernador sostuvo que a más tardar este lunes debe firmarse el acuerdo para que las fuerzas federales lleguen a Santa Fe. También denunció maniobras desestabilizadoras y grupos de inteligencia operando en la provincia.
El gobernador Miguel Lifschitz afirmó este mediodía en Rosario que «a más tardar este lunes hay que cerrar el convenio con el gobierno nacional para que las fuerzas federales de seguridad estén en la provincia de Santa Fe», tras lo cual aclaró que las mismas ya tendrían que haber estado si la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, no hubiera enmendado o corregido el convenio entre provincia y Nación que, según el propio mandatario estaba listo y acordado el lunes de esta semana.
En rueda de prensa en la sede Rosario de la Casa de Gobierno y acompañado por los ministros de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y de Justicia, Ricardo Silberstein, Lifschitz señaló que «si hay buena voluntad, si hay respeto, si hay trabajo en conjunto y si hay decisión política para resolver los problemas, el gobierno de Santa Fe es el primero en sentarse en cualquier mesa para encontrar esos objetivos y esas soluciones».
«Vamos a seguir al frente de la seguridad de Santa Fe porque es nuestra obligación. Es la que fija la Constitución de la provincia y la obligación que tengo al haber asumido el 10 de diciembre el cargo de gobernador. Estoy dispuesto a trabajar en conjunto, compartir ideas, opiniones e información para poder avanzar en las soluciones, pero la depuración, renovación y la reestructuración de la policía santafesina, que no es ni mejor ni peor que otras policías provinciales, es una tarea de nuestro gobierno».
Lifschitz descartó que hubiera existido algún intento de intervención a la provincia, y dijo que los dichos de la ministra de Patricia Bullrich «tal vez fueron un exabrupto». La titular de la cartera de Seguridad había criticado en las últimas horas tanto al gobierno provincial como a sus fuerzas de seguridad. El gobernador dijo también a los periodistas que «fueron afirmaciones que afectan a la dignidad institucional de Santa Fe, porque no sólo atacó a la policía sino a los tres poderes del Estado».
El gobernador precisó que el acuerdo entre Nación y provincia, que el lunes a la tarde estaba terminado, incluía un comité político que formaban el propio Lifschitz, la ministra Bullrich y los jefes de las Fuerzas Federales que se aprestaban a venir a Santa Fe. «Un comité para coordinar estrategias y criterios a seguir, con una reunión semanal pactada, y además, un comité operativo integrado por los jefes de las cuatro fuerzas federales más el jefe de la policía de Santa Fe», dijo. Luego, señaló que este convenio fue corregido por la ministra Bullrich «sorpresivamente con un artículo ilegal e inconstitucional y hasta burdo», según palabras del propio Lifschitz, «que obviamente objetamos», añadió.
También remarcó que «hay que lograr una solución política donde se respeten las leyes vigentes; en este marco, toda nuestra predisposición para trabajar juntos» para combatir la inseguridad en la provincia.
También aclaró que «con Santa Fe se planteó la necesidad -que compartimos- de firmar un acuerdo de diseñar un plan conjunto de seguridad, cuando sabemos que a otras provincias se enviaron fuerzas federales sin firmar convenio alguno».
Lifschitz afirmó tener un buen diálogo con el ministro del Interior, Rogelio Frigero, y confió en que se arribe a una «solución política» a través de su gestión. «No hay conflicto con el gobierno nacional, sólo mucho ruido en el medio», manifestó también.
Además, Lifschitz alertó de que «hay servicios de inteligencia operando en la provincia», y narró que «durante la primera marcha contra la inseguridad del jueves 25, se dieron algunas convocatorias violentas a través de las redes sociales, de clara incitación a la violencia, sobre todo hacia mi persona; hice una denuncia con el fiscal Jorge Baclini, y en Buenos Aires se allanó la vivienda de una de las personas detectadas, pero no fue detenida porque no se encontraba en su casa».
El gobernador denunció la presencia de «organizaciones mafiosas que están operando en Santa Fe», y también llamó a trabajar de manera colectiva a todo el arco de dirigentes políticos, y dejar de lado la intención de aprovechar el malestar de la ciudadanía por la ola de violencia para impulsar «intentos desestabilizadores».
En relación a la depuración de la policía santafesina, el gobernador que 106 oficiales se encuentra en proceso de destitución, y 129 fueron pasados a disponibilidad.