El Gobierno Nacional ha sincerado en estos días sus próximos pasos: entusiasmados con la adhesión que suscitan las políticas de represión del Brasil de Bolsonaro, empujado por el fracaso de la mayor parte de las políticas implementadas desde que llegaron al gobierno, anuncian con total liviandad que resolverán los problemas con policías autorizados a disparar, en cualquier circunstancia.
En los últimos tres años, todos los indicadores sociales negativos crecieron: Argentina tiene más pobres, más marginados, más excluidos, y obviamente, mayores niveles de violencia.
Y aunque no se pueda trazar una linea de conexión directa entre la pobreza y las violencias, tampoco se puede desconocer el impacto que tienen las políticas económicas neoliberales sobre la condición humana. Echar a su suerte a millones de personas que fueron perdiendo sus posibilidades de subsistencia como consecuencia de una voraz inflación, de la pérdida de empleo y de un conjunto de medidas que fueron achicando la contención social, tiene sus consecuencias.
Y ahora el gobierno, pretende apagar esas consecuencias con violencia estatal, disfrazando la decisión en un “cambio de protocolo policial”. Generalizando al delito, autorizando a la policía a matar “por las dudas”, y endureciéndose aún más con aquellos sectores que sufren la ausencia de horizontes personales.
La propuesta de Bullrich no sólo contradice los principios constitucionales, no sólo no tiene rango jurídico para ser implementado, sino que adolece de un elemento fundamental para quienes creemos en la política y en la centralidad de los valores humanos: es un anuncio de la muerte de la política misma; es renunciar a la solución pacífica de los conflictos; es elegir el camino de la muerte, como modo de sostener un modelo económico que deja a millones de argentinos afuera.
A todo esto, además, nos encontramos -lamentablemente- con la adhesión del intendente de Santa Fe, José Corral, que una vez más prefiere expresar lo que conviene electoralmente, avergonzando a la UCR, a sus banderas, y a todos quienes militamos por la justicia social que nos legó Alfonsín.
No vamos a asentir en silencio el giro hacia el autoritarismo que acaba de anunciar Mauricio Macri. No vamos a opinar desde la conveniencia de las encuestas, ni a modificar nuestra convicción sobre lo que debe ser y hacer la política.
Una vez más, tenemos la obligación de advertirle a todos los santafesinos que el Gobierno Nacional equivoca el rumbo, y una vez más, anticipar que estamos frente a una decisión que tendrá resultados calamitosos para la sociedad argentina.
Ojalá no tengamos que experimentar la muerte de decenas de argentinos inocentes, para tomar conciencia de ello.