La justicia se tomó 11 años para resolver y no hacer justicia en absoluto. Solo le dieron 2 años de prisión en suspenso (no irá a la cárcel) y no le prohibieron volver a conducir.
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe condenó a dos años de prisión en suspenso a un hombre de la ciudad de Reconquista, cuando la lancha que tripulaba se estrelló contra un barco de Prefectura Naval, hace más de diez años, en la largada del XX Concurso de Pesca del Surubí. La sentencia fue la primera de 2019, producto de un acuerdo alcanzado por la Fiscalía y la defensa de Gabriel Osvaldo Cargnelutti, un contador público de 34 años, que tenía 23 al momento del hecho en el que resultaron heridos tres ocupantes de la embarcación.
El siniestro ocurrió a las 7.40 del 14 de octubre de 2007, a la altura del km. 950 del río Paraná, en la margen derecha frente al Puerto de Reconquista, precisó la delegación local de la Prefectura Naval Argentina. Apenas se anunció la largada del concurso, una lancha deportiva “Dorado Open” con motor Yamaha de 250 HP, perteneciente a la empresa Náutica Reconquista, embistió de lleno al guardacostas “Río Quequén” de PNA.
Con el timonel iban en la lancha otras cuatro personas, de las cuales tres resultaron lesionadas y debieron ser trasladadas al Hospital Central de Reconquista. En cuanto a los daños materiales, la embarcación oficial sufrió abolladuras mientras que la lancha deportiva se hundió a los pocos minutos.
Tras la emergencia, se inició una investigación que estuvo a cargo del Juzgado Federal de Reconquista, donde fue indagado Cargnelutti por el delito de “naufragio culposo, agravado por haber resultado lesionadas tres personas” en carácter de autor.
El 30 de junio de 2010 se dictó su procesamiento y se fijó un embargo por $ 300.000. Un año después (11 de octubre de 2011) la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó la medida, y luego la Fiscalía requirió la elevación a juicio.
Finalmente el 14 de diciembre pasado se realizó la audiencia de juicio abreviado, a la que asistió Cargnelutti junto a su defensor y la fiscal auxiliar Jimena Caula, quienes rubricaron el acuerdo que fue aceptado por el tribunal y pasó a fallo.
Las víctimas, entre las que se encuentra el periodista Leonardo Rolón, jamás fueron notificados de ninguna de las alternativas judiciales, ni siquiera de la condena.
La justicia deja sabor a poco ya que no se le prohíbe volver a conducir.