Leonardo Peiti declaró como arrepentido el 13 de setiembre y reveló cómo era el entramado de corrupción que solventaba. Si un juez homologa el acuerdo de juicio abreviado será condenado a tres años de prisión y deberá pagar una multa de U$S 530.000.
El 9 de setiembre pasado, el empresario Leonardo Peiti, acusado de liderar una asociación ilícita que maneja el juego clandestino, firmó un preacuerdo de juicio abreviado que prevé seis años de prisión efectiva. Como contrapartida declaró como “imputado colaborador”, una figura legal que está en proceso de homologación. Si la justicia acepta a este acusado como “arrepentido”, la pena se reduciría a la mitad, es decir, a tres años de prisión. Pero lo más jugoso es la multa que deberá pagar Peiti, una suma inédita en la justicia, ya que alcanzará los 536.000 dólares.
AIRE confirmó que Peiti ya declaró y su testimonio sería clave en la causa, con datos precisos sobre cómo funcionaba esta organización ilícita y las vinculaciones que tenía a nivel político. Esa declaración se produjo el 13 de setiembre pasado ante la jueza Eleonora Verón y cuatro fiscales. En su testimonio Peiti reveló los pagos de supuestos sobornos a legisladores provinciales. Según las fuentes consultadas, uno de ellos sería el senador Armando Traferri y un legislador radical. Peiti habló de sumas de 250.000 dólares.
Como el acuerdo de juicio abreviado aún está en proceso de confirmación en la justicia, no se reveló el detalle de su declaración que está sujeto a la confidencialidad del proceso.
El abreviado prevé el cierre de las causas no sólo de Rosario sino también las que Peiti enfrenta en Rafaela y Melincué. Aún no terminó el proceso de notificación y firma en estas dos fiscalías. Luego debe ser avalado por un juez, que aún se desconoce si será la jueza Eleonora Verón, que encabeza las audiencias de esta causa en Rosario.
La multa de 536.000 dólares que deberá pagar el empresario será saldada con los inmuebles decomisados, según señaló un hombre de su confianza. Con los terrenos que serán subastados se cubrirá hasta 300.000 dólares. El resto deberá pagarlo en efectivo.
Según pudo averiguar AIRE, Peiti desgranó de manera puntillosa cómo fue la estrategia que montó y con quiénes hizo “acuerdos” para lograr un escudo judicial que no lo complicara en su anhelo por quedarse con el juego online legal. En todo ese recorrido intervinieron personajes emblemáticos de la política, como ya se fue reconstruyendo en la causa.
La primera declaración que hizo Peiti en la causa en julio del año pasado fue lapidaria para los fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal, que terminaron detenidos, luego de que los funcionarios a cargo de la Unidad de Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra y Matías Edery corroboraron sus dichos y las reuniones y contactos que había mantenido con los imputados, a los que acusó de recibir sobornos. El 31 de julio fue aprehendido Ponce Asahad y el 11 de agosto Serjal. El primero fue destituido por la Legislatura y el segundo renunció antes de ser separado de su cargo.
La causa siguió con otras revelaciones sorprendentes. Ponce Asahad complicó al senador Armando Traferri en diciembre pasado, cuando reveló en su declaración que duró más de dos horas detalles de las reuniones que había mantenido con el senador.
Después de esta declaración, los fiscales pidieron el desafuero de Traferri. Los senadores consideraron que las pruebas presentadas en la Cámara alta no eran suficientes para retirar los privilegios legislativos y dar vía libre a que el senador de San Lorenzo sea imputado.
Los fiscales Schiappa Pietra y Edery decidieron, entonces, presentar un recurso ante la jueza Eleonora Verón para que se declarara la inconstitucionalidad del artículo del Código Procesal Penal que regula cómo debe actuar la justicia con un legislador. A la par, Ponce Asahad pidió plegarse a la figura de “imputado colaborador” y volvió a declarar. Aún no trascendió qué fue lo que testificó, pero los investigadores señalaron que dio información relevante para la causa.
Verón rechazó el planteo presentado por los fiscales, pero luego el camarista José Luis Mascali le dio la razón de forma parcial a los funcionarios, a los que habilitó poder imputar a Traferri, al que no podían pedir su detención.
Traferri tardó unos días en apelar y el juez Mascali también en definir ese recurso. En ese lapso intermedio se debía realizar la audiencia, pero el legislador faltó a la cita en el Centro de Justicia Penal y envió a su abogado defensor.
Se reprogramó una nueva audiencia pero días después todo quedó en el aire, porque el camarista Mascali aceptó elevar a la Corte Suprema la apelación de Traferri, por lo que la máxima instancia judicial en la provincia es la que debe definir sobre la inconsticionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal que impide imputar a un legislador.