El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia se reunió con autoridades judiciales federales y provinciales, para acordar tareas conjuntas en el marco de la implementación del sistema acusatorio federal en la provincia y la implementación de la Ley de Microtráfico, entre otros temas.
Bastia junto a Roald Báscolo, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, se reunieron con Aldo Alurralde -juez federal- y con el fiscal regional, Rubén Martínez.
Los temas principales que se hablaron con el juez Alurralde fueron la implementación de la Ley de Microtráfico y el comienzo del sistema acusatorio para la Justicia Federal en la provincia, que se inició la semana pasada en la ciudad de Rosario y esta semana en la capital provincial.
Sobre este tema se destacó la importancia de la nueva normativa, largamente esperada. Además, se abordó la importancia de la investigación del lavado de activos para contrarrestar el poder de las bandas narcocriminales y seguir trabajando en forma colaborativa.
Por otra parte, durante la reunión realizada con el fiscal regional de la provincia, Rubén Martínez, se habló principalmente de la reforma del Código Procesal Penal de la provincia que la Legislatura transformó en Ley a fines de marzo. El eje de los temas fue la aplicación de la nueva normativa y los cambios que esta representa.
Además, se realizó un balance de cómo se vienen ejecutando las nuevas medidas que implementa la Justicia, luego del paquete de leyes aprobado por el legislativo que fuera enviado en diciembre por la gestión actual, entre ellas, Ley de Inteligencia, ejecución penal, microtráfico y reformas en el funcionamiento del MPA.
Ley de Microtráfico
En esta temática se repasaron las tareas que se vienen llevando adelante entre el gobierno y los representantes judiciales para aportar datos y experiencias que permiten una implementación correcta y efectiva de la nueva norma para optimizar su funcionamiento.
Con la Ley de Microtráfico, los fiscales provinciales cuentan ahora con una herramienta para poder avanzar efectivamente en determinados lugares donde se cometen estos ilícitos. Sin esta norma, y más allá de los datos que aportaban los vecinos sobre lugares donde se comercializaban estupefacientes, los fiscales encontraban trabas para investigar, por cuestiones de jurisdicción.
Tanto el Estado provincial como los representantes de la Justicia coinciden en la importancia del trabajo en conjunto, ya que el crimen organizado no distingue esferas provinciales o federales, ni distintas jurisdicciones.
Finalmente, se habló del funcionamiento general de la Justicia en esa jurisdicción, y se realizó un relevamiento puntual del control de las rutas y puertos, que son vías utilizadas para el transporte de sustancias ilícitas. En este sentido, se destacó que se está trabajando intensamente en tareas de control, y el gobierno de la provincia se comprometió a aportar todo lo necesario para hacer cada vez más efectivos estos controles.
