El Gobierno Provincial dispuso que a partir del próximo 25 de agosto todos los trámites que actualmente se realizan en el Registro Público de Comercio y en la Inspección General de Personas Jurídicas pasarán a realizarse de manera unificada en un solo lugar: el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos.
Este cambio permitirá simplificar trámites, ofrecer un servicio más ordenado, moderno y eficiente, con una administración ágil, digital y pensada para las personas. De esta manera, se reducen tiempos de espera para quienes necesiten registrar una empresa, asociación o contrato en la provincia, entre otros trámites.
Esta decisión -oficializada en el decreto Nº 1021/25- forma parte de la reglamentación de la Ley N° 14276 sancionada en 2024 y busca unificar criterios de aplicación de normas y evitar la duplicación de pasos y papeles, algo que muchas personas venían reclamando.
Una gestión más simple, ágil y digital
La medida no solo implica una reorganización administrativa, sino también una fuerte apuesta por la modernización tecnológica (actualmente se están trasladando los sistemas informáticos, las bases de datos y toda la documentación del actual Registro Público de Comercio al nuevo organismo).
Además, la Provincia digitalizará procesos como la rúbrica de libros de comercio, lo que permitirá hacer esos trámites de forma más rápida y, en el futuro, incluso desde el interior provincial sin necesidad de viajar. También se elimina la doble inscripción para sociedades anónimas; y simplifica la presentación anual de balances (generando un impacto positivo en ONGs, clubes y otras instituciones).
Durante los primeros seis meses, se permitirá que los trámites ya iniciados ante el Registro Público, se finalicen allí. Pero los nuevos deberán hacerse directamente en el nuevo Registro. Una vez pasado ese período, todo quedará unificado para facilitar el seguimiento de los expedientes.
El proceso también incluye garantías para proteger los datos personales y asegurar la confidencialidad de la información, respetando las normas vigentes sobre gobernanza de datos y acceso a la información pública.