El Gobierno de Santa Fe reforzó su advertencia ante la seguidilla de amenazas en establecimientos educativos y dejó un mensaje claro: no son bromas, son delitos con consecuencias penales y económicas.
En este sentido, a través de los ministerios de Educación y de Justicia y Seguridad, se pidió un abordaje integral que involucre a escuelas, familias y al Estado.
La preocupación surge tras la aparición de carteles, pintadas y mensajes —muchos difundidos en redes sociales— que simulan ataques o tiroteos. El ministro de Educación, José Goity, pidió fortalecer la alianza entre escuela, familias y Estado. En esa línea, se trabaja con las nueve regionales educativas y se promueve tratar el tema en las aulas como una falta gravísima.
José Goity: “Alteran el funcionamiento de las escuelas, generan angustia y tienen impacto en toda la sociedad”.
Desde el Gobierno también pusieron el foco en las familias, al señalar que muchas de estas conductas surgen de desafíos virales. “Lo que empieza como un reto puede terminar en un proceso penal”, remarcaron, subrayando que el anonimato en internet no evita ser identificado.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, detalló la magnitud del problema: solo en un día hubo 65 intervenciones, y entre el 16 y el 21 de abril se registraron 158 casos. En total, ya hay 73 personas identificadas, el 95% menores de edad, en el marco de más de 400 denuncias en toda la provincia.
Las investigaciones incluyen análisis de redes sociales, rastreo de IP y peritajes informáticos, con resultados rápidos que ya derivaron en allanamientos, requisas y secuestro de 51 elementos, entre ellos celulares y armas.
Cada amenaza activa operativos con la policía, brigadas especiales y servicios médicos, lo que implica un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos, que puede superar los 11 millones según el caso. Por eso, la Provincia ya inició el cobro de esos gastos a los responsables, según la directiva N° 05/2026.
El proceso incluye la identificación de los autores, la cuantificación de costos y la intimación de pago a los padres, quienes son responsables por tratarse mayormente de menores. En caso de incumplimiento, interviene Fiscalía de Estado con reclamos judiciales.
Hasta el momento, ya se enviaron 39 notificaciones en 32 casos del centro-norte provincial, por un monto cercano a los 200 millones de pesos. Desde el Gobierno aclararon que este cobro es un resarcimiento civil, independiente de las causas penales.
Además, recordaron que estas acciones encuadran en el delito de intimidación pública, previsto en el Código Penal, y que incluso cuando intervienen menores dejan antecedentes que pueden afectar su futuro.
“Cada intervención moviliza recursos críticos que dejan de estar disponibles para otras tareas. No es una broma”, insistieron. Finalmente, se reiteró el llamado a las familias a dialogar y prevenir, para evitar el efecto contagio de estas conductas y garantizar que la escuela siga siendo un espacio seguro.