Las empresas se mostraron en contra de la aplicación del proyecto por distintos inconvenientes. Ahora es Andrade el que pide el pendiente del proyecto para poder convencerlos. Los justicialistas irán por el archivo.
La Presidenta del Concejo Municipal, Soledad Zalazar, comentó que en la reunión de comisión «los representantes de las empresas nos plantearon la inviabilidad del proyecto».
Respecto de lo que está ocurriendo en Santa Fe dijo que «el distribuidor de Amarilla Gas en Santa Fe lo está haciendo por orden y cuenta de ese distribuidor, no la empresa Amarilla Gas. Ellos nos explicaban todos los riesgos que eso tiene y la necesidad de medidas de seguridad. Ellos montan toda la empresas en base a esas cuestiones de seguridad y al trasladar todo ya no tendrían las mismas y si llega una inspección de ENERGAS o de alguna de las entidades autorizadas para hacerlo podrían tener multas muy onerosas de entre $20.000 y $50.000 y nos preguntaban quién se iba a hacer cargo. Por supuesto que el municipio no».
También hicieron referencia a la distribución diciendo que «ahora están teniendo cuatro o cinco distribuidores cada uno con los sueldos y demás y nosotros vamos a competir contra nosotros mismos poniendo las garrafas en otro lugar».
Zalazar también destacó que «no se le está pidiendo a la gente un esfuerzo mayor al que el estado ya está haciendo porque hoy se está dando subsidio a la gente por el valor de $150 y pidiendo la garrafa a domicilio cuesta $160 pero si la buscas en planta $97».
«El proyecto plantea crear una mesa donde esté el municipio y las empresas. Las empresas dicen ‘nosotros no podemos’ y así no existe ningún sentido impulsar este proyecto», finalizó Zalazar.
El autor del proyecto, el Concejal de Cambiemos Juan Manuel Andrade había asegurado que las empresas acompañarían y que el gobierno municipal estaba de su lado para impulsar esta iniciativa.