Se le puso límites a los despidos arbitrarios a docentes privados

Diputados dio sanción definitiva este miércoles a la ley que prevé la quita de subsidios del Estado provincial a los colegios privados que echen sin causa a educadores. La suspensión del beneficio que brinda el gobierno para pagar el cargo del maestro es por un plazo de 18 meses.

Por amplia mayoría Diputados dio sanción definitiva este miércoles a la modificación de los artículos 30 y 31 de la ley 6.427 que regula los servicios de enseñanza privada en la provincia. Esos cambios buscan proteger de despidos sin causa a los docentes privados y se aprobaron por mayoría: hubo 35 votos a favor y ocho abstenciones (Norberto Nicotra, Alejandra Vucasovich, Federico Angelini, Cesira Arcando, Germán Mastrocola, Sergio Más Varela, Rubén Fernández y Roy López Molina), todos del bloque Cambiemos.

En su argumentación, Más Varela comenzó diferenciando los principios y marcos normativos que rigen a los establecimientos educativos de gestión pública y privada. En ese sentido, el legislador dijo que los educadores de escuelas públicas se encuentran bajo una relación de empleo público, mientras que los docentes en relación privada se relacionan con sus empleadores a través del régimen de la ley de contrato de trabajo.

«Ni esta Legislatura, ni en definitiva los poderes de esta provincia pueden inmiscuirse en materia de lo que la propia Constitución nacional entiende como una función propia de la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación para legislar sobre derecho laboral», dijo Más Varela y anticipó que los reclamos de parte de los titulares o de los dueños de las escuelas de gestión privada «van a pasar la instancia administrativa y van a llegar a la instancia judicial».

Sin embargo, entre los 35 legisladores que votaron a favor de la norma remarcaron que el planteo de la mayoría del bloque Cambiemos era equivocada. La diputada Verónica Benas (Pares-FPCyS) aseguró que las advertencias expuestas por Más Varela «no tienen razón de ser» y resaltó que la aprobación de la ley es un hecho de justicia, no solo con los trabajadores docentes privados sino también con los contribuyentes santafesinos que con sus impuestos subsidian cargos en las instituciones de enseñanza privada.

«Lo que la norma pretende es proteger a los trabajadores de los despidos arbitrarios cuando estos despidos se producen en cargos con asistencia económica por parte del Estado santafesino», argumentó Benas, que dijo que a partir de las modificaciones que introdujo el Senado –y que Diputados aceptó para que la norma se sancione– «se reduce esa suspensión del subsidio a 18 meses (en el proyecto original era de 30)».

Además, la norma establece que en casos excepcionales y con la debida fundamentación se podrá pedir luego de cumplirse el año de la quita del aporte estatal, la remisión del mismo antes de cumplirse los 18 meses.

Por su parte, Leandro Busatto (FPV) enmarcó esta sanción en un momento donde «corren tiempos difíciles para el trabajo en la Argentina» y aseguró que «es necesario que el Estado intervenga protegiendo a los que trabajan». Además señaló que «es sumamente riesgoso referirse a la educación prácticamente como una mercancía».

Roy López Molina (bloque Cambiemos) insistió con que el principio laboral en el país, según la legislación actual, es de despidos libres con indemnización. «Avanzar sobre esas competencias puede llevar a planteos de inconstitucionalidad en la justicia. No porque lo decimos nosotros sino porque lo dice la ley. Y los subsidios son para los cargos no para la persona y aun cuando así lo fuese, el subsidio del Estado provincial no altera la naturaleza jurídica de ese vínculo laboral».

Uno de los que salió al cruce fue el diputado Luis Rubeo (h) que remarcó: «Nosotros no estamos modificando ninguna ley de contrato de trabajo. Lo que estamos haciendo es decirle al Estado provincial que en el manejo de los recursos propios tiene toda la facultad para decirle a esa empresa de gestión privada que utiliza como método el despido de trabajadores y casi en una etapa estacional donde en muchos colegios privados cuando está llegando fin de año se los despide en diciembre y se los vuelve a tomar en marzo o abril del año siguiente. Nosotros, el Estado provincial, no vamos a concurrir con plata para pagarles la indemnización en aquellos casos exclusivamente que el despido sea sin justa causa. No estamos vulnerando ningún derecho ni ninguna ley de contrato de trabajo».

Ante las críticas que recibió desde las diferentes bancadas, Más Varela –que fue acusado de adelantar los argumentos judiciales que utilizarán los empresarios– aseguró que el 80% de las escuelas de gestión privada cobran una cuota mínima y dijo que la postura de su bloque no es defender a los empresarios sino a los pequeños colegios que son los más perjudicados por la ley que se aprobó este miércoles.

Pero Rubén Galassi volvió a aclarar que «quienes no cometan irregularidades no van a tener problemas» y aseguró que esta norma está en línea con otras leyes como la de paritarias docentes, que también apuntan a sostener los derechos de los trabajadores.

Al finalizar la sesión, los docentes nucleados en Sadop celebraron la sanción de la ley en la explanada de la Legislatura con bombos, redoblantes y un show del cantante tropical Sergio Torres.