El plan que apuntaló a 300 familias durante siete meses fue dado de baja por el Ministerio de la Producción. Se desconoce si se reanudará.
Un grupo de 26 técnicos agrónomos y de 300 familias que desde octubre de 2017 hasta abril de este año estuvieron trabajando bajo un programa de apoyo a la agricultura familiar del Ministerio de la Producción de la provincia, permanecen en estado de incertidumbre ante la suspensión del plan y reclaman conocer si hay chances de que vuelva a implementarse durante lo que resta de 2018.
Se trata de un programa de apoyo a pequeños productores rurales, familias campesinas, agricultura familiar y pueblos originarios. En abril fue dado de baja y hasta el momento, y a pesar de los reclamos que desde las organizaciones campesinas y los técnicos vienen realizando, aún se desconoce si volverá a ponerse en marcha. Mientras tanto, los técnicos hace meses que no perciben su salario y las más de 300 familias que eran receptoras del plan, quedaron sin ayuda profesional para encarar sus pequeñas producciones.
«El programa era maravilloso e inédito ya que se ocupaba de un sector del campesinado que históricamente estuvo postergado y desde la provincia la idea era mejorar la calidad de vida de las familias campesinas», indicó a LaCapital uno de los técnicos del grupo que asistían a las familias campesinas.
Los 318 grupos familiares incluidos en el programa trabajan la tierra con un modo de producción natural, ancestral o de tipo agroecológico. «Ellos no utilizan insumos, producen en forma natural, viven en el lugar donde generan sus alimentos y los comercializan localmente», contó el técnico, y resaltó que esta gente, en su mayoría ubicada al norte de la provincia, «pasó por muchas calamidades con la sequía y con la inundación».
«El programa funcionó muy bien durante siete meses y una vez que concluyó este primer período el ministerio no volvió a implementarlo dejando a su suerte tanto a los campesinos como a los técnicos que los asistían», dijo el profesional.
Malestar
El malestar de las comunidades afectadas fue inmediato, sumado a que a nivel nacional también suspendieron programas de la Secretaría de Agricultura Familiar. Por ese motivo, los técnicos además de realizar acciones gremiales para proteger su fuente laboral, advierten «la grave situación de los campesinos ya que con los problemas climáticos que deben afrontar les es muy útil contar con técnicos que los asistan para salir adelante. Estamos hablando de un sector muy castigado, a quienes le cuesta mucho el acceso a la tierra propia y deben pagar alquileres altísimos a precios de soja».
Por su parte, las diferentes asociaciones campesinas están advirtiendo la situación a través de comunicados, notas periodísticas y cartas enviadas al gobernador Miguel Lifschitz y a la ministra de la Producción, Alicia Ciciliani.
La versión oficial indica que técnicamente lo que sucedió es que finalizó el contrato con los profesionales y la cartera está reevaluando su continuidad. Sin embargo, el tiempo pasa y las 31 agrupaciones campesinas que estaban incluidas en el esquema están alertando sobre la situación de desamparo en la que se encuentran.
Ni bien empezaron a sentirse los reclamos por la baja del programa, Juan Manuel Medina, secretario de Agricultura de la provincia, indicó que el gobierno provincial no suspendió la ayuda sino que el cese se debió a que «terminó la primera etapa del programa» y que, en agosto, comenzaría la segunda. Además indicó que ya se estaban solucionando las cuestiones administrativas para saldar lo adeudado a los técnicos y resolver su nueva contratación.
Calidad de vida
El programa tenía como principales objetivos mejorar la calidad de vida de las familias campesinas y de pequeños productores, incentivar el cooperativismo y la vida comunitaria, contribuir a la solución progresiva de problemas socio-económicos que enfrentan, formalizar la actividad productiva y la comercialización de productos. También apuntaba a la consolidación de la unidad productiva y aumento de la producción del trabajo familiar y de alimentos para autoconsumo y cobertura de las necesidades locales.
Riesgo de supervivencia
«Cerrar un programa de fines tan loables en vez de dotarlo de las herramientas necesarias para su consolidación pone en riesgo la supervivencia de las familias campesinas en el medio rural. Así se contribuye al abandono y desmantelamiento del apoyo estatal a un sector históricamente postergado, en la misma línea que lo está haciendo el gobierno nacional con los despidos en la Subsecretaría de Agricultura Familiar», indicaron las agrupaciones en uno de sus primeros comunicados.
El programa funcionaba en Villa Ocampo, Las Toscas, Reconquista, Avellaneda, San Javier, Colonia Francesa, Monte Vera, Esperanza, norte del departamento San Justo, San Cristóbal, Soledad, Ceres, Hersilia, Villa Minetti, San Bernardo, El Nochero, Las Quinientas, Las Doscientas, La Hiedra, La Cabral, La Clara, Constanza, Virginia, La Negra, Vera y Pintado, Comunidad Kami Lava (Margarita), Comunidad Nainic (Reconquista), Villa Guillermina, Tacuarendí, Gato Colorado, Cuña Boscosa, Estación Díaz, San Genaro, Totoras, Garabato y Fortín Olmos.
Para el programa fueron contratados 26 técnicos idóneos, con formación universitaria y de posgrado, quienes percibían un honorario mensual de 8.500 pesos. El presupuesto mensual del programa era de 250 mil pesos y se estableció uno de 4 millones para 2018 que, además de no prever actualizaciones por inflación, fue recortado en un millón de pesos respecto al de 2017.
La inversión mensual promedio por familia campesina de octubre de 2017 a abril de 2018 fue de 786 pesos.