El juez Canicoba Corral procesó a Javier Iguacel y a Bernardo Saravia Frías por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración publica y dictó un embargo de 500 millones de pesos. El viernes será la indagatoria de Guillermo Dietrich y el lunes la de Nicolás Dujovne
El ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y el ex procurador del Tesoro de la Nación Bernardo Saravía Frías fueron procesados hoy en la causa en la que se investiga si durante el Gobierno de Mauricio Macri se benefició en las concesiones viales otorgadas a empresas relacionadas con la familia del ex presidente.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que el procesamiento fue dictado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración publica y los ex funcionarios recibieron un embargo de 500 millones de pesos cada uno sobre sus bienes.
En tanto, el magistrado fijó para el próximo viernes la indagatoria del ex titular de Transporte Guillermo Dietrich y para el lunes de la semana que viene la del ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y , también imputados en la causa.
Iguacel y Saravía Frias fueron indagados la semana pasada, jueves y viernes respectivamente. Fue por videconferencia por la situación de aislamiento obligatoria por la pandemia y para evitar el movimiento de circulación de personas en los tribunales por las medidas sanitarias. Ambos ex funcionarios presentaron un escrito y se negaron a contestar preguntas. Al primer día hábil siguiente, el juez Canicoba Corral, quién renunció para jubilarse y se irá a fin de mes.
En la causa se investigan las presuntas maniobras fraudulentas entre Abertis, una corporación ligada a las concesiones viales en todo el mundo, y el Grupo Macri en los peajes de los principales accesos a Buenos Aires. “Las maniobras defraudatorias y actos en violación a la ley vigente, que resultaron gravemente lesivas para las arcas del Estado, llevados a cabo por funcionarios públicos, en connivencia dolosa con particulares que intervinieron”, describió el juez Canicoba Corral cuando citó a indagatoria a los acusados en un expediente que se inició tras una denuncia de los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau.
Los denunciantes señalaron que las irregularidades comenzaron el 7 de diciembre de 2015, tres días antes de la asunción de Cambiemos en el poder. Ese día, Albertis presentó un reclamo por USD 1.100 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que depende del Banco Mundial (CIADI). Esa demanda fue utilizada luego como argumento por el gobierno nacional para renegociar la concesión, que le costó su cargo en Vialidad Nacional a la abogada Julieta Ripolli, quien se opuso a avalar la prórroga del contrato y denunció públicamente las presuntas irregularidades.
Macri había admitido su relación con la firma española –cuya cara visible es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez– al negarse a firmar el decreto donde se acordó la renovación, que finalmente fue rubricado por su vice, Gabriela Michetti, en virtud de una recomendación de quien encabezaba la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, para evitar “un conflicto de intereses”.
El juez Canicoba Corral citó a indagatoria a Iguacel, Dietrich, Saravía Frías, Dujovne -los ex funcionarios de Macri que intervinieron en sus distintos roles en el caso- y a Andrés Alfonso Barberis Martín, de la empresa Abertis, y a Ricardo José Stoddart, ex director de Legales de la Dirección Nacional de Vialidad cuando se firmaron los contratos.
El magistrado había dispuesto las indagatorias pero sin fecha, lo que iría comunicando según la organización para hacer las videconferencias. Los primeros fueron Iguacel y Saravía Frías. Ahora programó para la semana que viene las de Dujovne -el lunes- y la de Dietrich el viernes.
Cuando el juez convocó a indagatoria a los acusados les dictó la prohibición de salida del país y notificó a todas las fuerzas de seguridad federales. La medida se tomó “teniendo en cuenta el estado del proceso y la gravedad de las conductas que se investigan, a fin de asegurar la comparecencia de los imputados”.